La Alcaldía formalizó ayer la querella penal contra el exalcalde Edwin Castellanos, tres exfuncionarios municipales y el gerente de la empresa constructora Álvarez por el hundimiento del puente Independencia de la avenida 6 de Agosto, ocurrido el 22 de octubre. Las cinco personas son acusadas por seis delitos.
Castellanos, que ayer presentó su nuevo material discográfico en La Paz, es acusado junto al exoficial mayor administrativo financiero Osvaldo Bladimir Delgadillo Gonzales, el supervisor de la obra Nelson Alberto Vega Aguirre, el exoficial mayor técnico y actual concejal Sergio Rodríguez Mercado y el gerente de la constructora Álvarez, Víctor Hugo Álvarez Iriarte. Para la actual gestión municipal serían los principales culpables de las irregularidades en la obra que costó cerca de los 14 millones de bolivianos.
Los delitos por los que se los acusa son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y daños lesivos al Estado. Las penas para dichos delitos oscilan entre uno y diez años de cárcel.
EL INFORME El asesor legal de la Alcaldía de Cochabamba, Sergio Coca, manifestó que la denuncia está sustentada en 41 puntos, “detallando acto por acto y secuencia por secuencia todos los ilícitos que se han cometido”. El informe fue elaborado en las últimas tres semanas.
La admisión de la querella penal está en manos del fiscal de materia Limbert Claure.
FALLAS Y RESPONSABLES Coca explicó que la Alcaldía también solicitó al Ministerio Público llevar adelante un peritaje de ingeniería civil estructuralista para revisar dos aspectos: el diseño del puente, a nivel estructural y de especificación, y la ejecución de la obra.
“Esta pericia va a identificar si el diseño estaba mal desde el principio o si el problema estaba en la ejecución”, agregó.
Dijo también que una vez que se elaboren los informes de este peritaje, la denuncia penal podría ser ampliada a otros exfuncionarios.
Por su parte, el concejal Sergio Rodríguez, que es uno de los acusados, celebró el hecho de que de una vez se haya iniciado el proceso de investigación.
“Seguro seremos notificados y vamos a aportar y contribuir a que el hecho se esclarezca”, dijo.
Destacó que es urgente determinar quién va a pagar el daño económico ocasionado y la reparación de la infraestructura.
No comments:
Post a Comment