Ninguno de los cinco imputados por el caso del puente de la avenida Independencia fue enviado a la cárcel, de manera preventiva. Solo uno tiene detención domiciliaria, el proyectista y supervisor de la obra, Nelson Vega. Los demás fueron arraigados y deben pagar fianzas.
Vega fue cuestionado por haber sido el que diseñó la obra colapsada el 22 de octubre de 2015 y después ser contratado como el supervisor de la misma. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dio luz verde a su contratación, pero esta resolución fue observada por las actuales autoridades municipales.
Los cinco procesados son el exalcalde Edwin Castellanos, el proyectista y supervisor Nelson Alberto Vega, el representante legal de la constructora Álvarez Ltda. Víctor Hugo Álvarez, el exoficial mayor Administrativo y Financiero de la Alcaldía Oswaldo Delgadillo y el exoficial mayor de Desarrollo de Infraestructura Territorial y actual concejal Sergio Rodríguez.
La jueza Anticorrupción, Sara Sempértegui, también determinó como medidas sustitutivas a la detención preventiva la fianza que Vega debe pagar 70 mil bolivianos y los otros, 50 mil. Asimismo, cada uno deben presentarse al Juzgado para firmar las actas de asistencia.
El informe pericial instruido por la Fiscalía dentro del proceso de investigación, entre otros aspectos, señala que el hundimiento del tablero del puente fue ocasionado por una falla en el sistema de anclaje y sujeción.
IMPUTADOS Ninguno de los imputados quedó conforme con la determinación y todos anunciaron apelaciones. “Con estos resultados, solo queda organizar la defensa”, manifestó Vega, mientras abandonaba el juzgado. Fue una de las pocas veces que Vega dio declaraciones a los medios.
Por su lado, el abogado del representante legal de la constructora Álvarez, Jorge Iriarte, calificó de “injusta” la determinación de la juez e indicó que apelará para que a su cliente se le dé libertad irrestricta.
LA ALCALDÍA La parte querellante tampoco quedó satisfecha con el fallo y al culminar la audiencia el asesor general de la Alcaldía, Sergio Coca, también anunció una apelación. A criterio de Coca, se debió dar detención preventiva a los procesados.
El Ministerio Público solicitó la detención de los imputados argumentando la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la investigación en el marco del proceso penal.
No obstante, en las dos audiencias de medidas cautelares que se desarrollaron de forma previa, los imputados presentaron descargos para evitar su detención.
DESACUERDO La audiencia de medidas cautelares inició al promediar las 9:00 horas. Afuera los vecinos de los distritos 5 y 7 protagonizaron una protesta y vociferaban exigiendo la cárcel para los imputados.
El presidente del Distrito 5, David Villarroel, con pancartas en mano, pidió que los imputados devuelvan el dinero al pueblo.
La construcción de la estructura demandó una inversión de 11.7 millones de bolivianos. A los ocho meses después de su inauguración se hundió.
Desde entonces, el paso fue cerrado para la circulación vehicular y en la actualidad se realiza la demolición de la plataforma a cargo de una empresa especialista contratada por la Alcaldía.
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