La Contraloría General conminó a la recuperación de más de 8 millones de bolivianos por el incumplimiento de plazo de entrega definitiva y ampliación sin justificación contractual en la construcción del distribuidor Cobija y la prolongación de la avenida Guayacán.
En cuanto al distribuidor vehicular Cobija, se estableció un daño por la ampliación del contrato sin justificación contractual de 4,1 millones de bolivianos en el lado oeste del puente y 227 mil bolivianos en el sector este.
En esta última se involucra a la exalcaldesa Tatiana Rojas, a otros exfuncionarios como Edgar Daza Villacorta, Nicanor Ledezma Mérida, Christian Cuellar Paz y a la empresa Consval.
Además, la auditoría detecta que, extrañamente, se contrató a una empresa dependiente de la Alcaldía: Ummipre-Proman y no se cancelaron servicios que alcanzan los 281 mil bolivianos.
El informe incluye la presentación de descargos del actual secretario de Infraestructura, Carlos Abasto en agosto de 2014.
Según las órdenes de cambio y modificaciones de contrato, la obra llegó a extenderse 552 días, sumados a los 365 del contrato. El dictamen de la Contraloría señala 80 días injustificados.
Los informes de auditoría especial señalan que sólo en la prolongación de la Guayacán de 1.080 metros lineales se encuentran implicados exfuncionarios entre ellos el exalcalde Gonzalo Terceros, Hernán Orellana Escalera, José Marañón Sejas, Rodrigo Vargas Maldonado, Óscar Carvallo Ferreira y la empresa Serecont SRL, con un daño económico que llega a 4,7 millones de bolivianos.
En todos los casos se establecieron indicios de responsabilidad civil. El gerente departamental de la Contraloría, David Barriga, señaló que no procede una pericia debido a que no están en discusión los temas técnicos.
Ante la aseveración de los problemas ambientales, explicó que los descargos no se justifican por los avales de los estudios TESA y la revisión con instancias superiores como Senamhi.
ALCALDÍA INICIARÁ PROCESO COACTIVO FISCAL
El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca, declaró que aún no llegó el informe oficial de la Contraloría General del Estado, pero seguirán los plazos estipulados. Además, tienen todo listo para presentar una demanda coactiva fiscal y hacer las citaciones para el resarcimiento de daños.
Por el momento, el informe se encuentra en el Concejo Municipal y se espera que la directiva proceda a remitirlo al ejecutivo esta semana para el inicio de las demandas coactivas fiscales.
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