Juicio por carretera Tarija-Potosí “duerme” en el TDJ

La presidenta del Consejo de la Magistratura de Tarija, Paola Chirinos, informó que el juicio por la carretera Tarija – Potosí presenta retardación de justicia ya que se tiene una apelación restringida interpuesta a la sentencia del Tribunal Segundo de Sentencia desde el 2014, que dijo no ha sido tratada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

Por este motivo indicó que en los próximos días una comisión del Concejo Nacional de la Magistratura revisará esta y otras causas que presentan similar figura.

Cronología procesal
El caso tiene su origen allá por el año 2007, tras una denuncia interpuesta por el entonces diputado de Podemos, Fernando Barrientos. A partir de ello se tuvieron varias audiencias, incidentes procesales, cambios de fiscales y postergaciones. El año 2012 finalmente inició la etapa de juicio en el caso de la construcción del tramo Tarija – Potosí. Luego de un año y medio, el 2013 el Tribunal de Sentencia Segundo en lo Penal del TDJ, emitía la sentencia condenatoria de tres años de reclusión en el Penal de Morros Blancos, para el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, y el gerente general de la empresa Queiroz Galvao en Bolivia, Aloisio Machado Costa Reis (declarado rebelde en el caso), por daño económico al Estado en la construcción del tramo.
Pese a que la juez que conoció la causa, Juana Abán, indicaba que el monto del daño económico no estaba establecido, el entonces fiscal anticorrupción, Wilson Ramírez, informaba que se trataba de 31 millones de dólares que Bakovic dio como anticipo a la empresa Queiroz Galvao el año 2003, para iniciar la construcción del tramo, sin contar con una empresa supervisora ni diseño final. La apelación al fallo ya había sido interpuesta por la defensa de Bakovic (fallecido el 12 de octubre del 2013). Pese a que la sentencia aún no estaba ejecutoriada, en enero del 2014 el mismo fiscal informó sobre diligencias para garantizar el resarcimiento del daño.
En ese marco procesal, Chirinos indicó que el juicio no se cierra pues la sentencia esta sujeta a esa apelación, que remarcó llegó a la Sala Penal recién en diciembre del año 2015, debido a que no se tenía un acta del juicio que debía realizar la secretaria del Tribunal donde radicaba la causa, motivo por el cual dijo que es posible iniciar un proceso disciplinario.
“Ahora, son cuatro meses que está en la Sala Penal pero no se está tratando. Por un requerimiento hemos hecho el seguimiento, para que se resuelva lomas pronto posible, tomando en cuenta la connotación social del caso y el daño económico al Estado. No podemos guardarnos así los procesos, el caso está durmiendo”, expresó Chirinos.
Asimismo indicó que si bien el fallecimiento de Bakovic implica la extinción de la acción penal en su contra, existe otro coimputado que debe ser notificado por edictos, pues persiste un daño económico. Explicó que la Sala Penal debe resolver la apelación restringida, y devolver al Tribunal el caso para que señale fecha de juicio y se proceda a dictar la sentencia ejecutoriada.
Chirinos instó a la Procuraduría General del Estado a interiorizarse en el tema, en el contexto de que se ha solicitado desde Tarija que una comisión del Concejo de la Magistratura Nacional llegue a la jurisdicción para revisar el proceso. “Llegará un equipo cuyo trabajo durará una semana. Este es solo un ejemplo de casos en los que hay retardación de justicia, y esperamos se solucione con esto la mora procesal”, agregó.
El País eN buscó conocer el estado del caso y las diligencias desplegadas recientemente desde el Ministerio Público. Para ello se contactó telefónicamente al Fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, sin embargo su número se encontraba desactivado. En las instalaciones de la institución, se informó que el funcionario se encontraba inmerso en reuniones.

Gobernación cuantificará
resarcimiento de daño

El 2013 cuando se dictó la sentencia, la entonces secretaria de Justicia de la Gobernación, Ruth Albarracín, declaraba que el daño económico para la entidad era millonario. La funcionaria aseguró que dio una instrucción para realizar todas las acciones precautorias y legales que permitan resarcir el daño económico, mediante la ejecución de los mandamientos de embargo, a partir de la anotación preventiva de bienes de los imputados.
El actual secretario de Justicia de la Gobernación, Yamil García, explicó que se revisará el caso y las diligencias desplegadas desde la entidad para ver qué medidas se tomaron en pos de garantizar la reparación del daño. Sin embargo, confirmó que al momento no han recibido notificación con la sentencia ejecutoriada.
García recordó que la obra se inició mediante un crédito de 180 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que debía ser pagado por el SNC, y las gobernaciones de Tarija y Potosí. Al haber contrapartes en la inversión de la carretera, la mayor parte correspondía al SNC, representado en el caso por el Ministerio de Obras Públicas. En segundo lugar está la Gobernación de Tarija, que dijo exigirá un resarcimiento en base al porcentaje que se ha aportado, mismo que será cuantificado.
“Se trata de un financiamiento triple, se tienen tres entidades públicas que estaban en calidad de víctima, la Gobernación de Tarija es una de las víctimas. Cuando se ejecutoríe la sentencia se tendrá que hacer la reparación del daño, la ley franquea la posibilidad y prosigue la ejecución en caso de haber bienes anotados”, explicó García.

Principal coimputado continúa prófugo

El 2007 el Gobierno rescindió el contrato por rajaduras en el 70 por ciento de la carretera Potosí-Tarija. El grupo Queiroz Galvao es uno de los consorcios más grandes en Brasil, su representante, Aloisio Machado Costa Reis, continúa prófugo tras la declaratoria del Juzgado de Instrucción Segundo en lo Penal del TDJ. De los cinco acusados, solamente fueron encontrados culpables él y Bakovic, quien defendió su inocencia hasta el final.