Camioneros y agro hacen mea culpa por peso excesivo

La carretera está bombardeada de baches y, la 'tuti', le echan tierra, a veces un poco de ripio, para cubrir los huecos”, dice Teodoro Paniagua, chofer de un tráiler, cuestionó el mal estado de la ruta que vincula a Santa Cruz con los centros de producción de la zona este.


Desde su perspectiva, no se ejecuta un adecuado plan de conservación vial y cree que el control a los camiones de alto tonelaje en las estaciones de pesaje es insuficiente porque hay algunos de sus ‘colegas al volante’ que exceden el peso de carga permitido presionados por los productores, que son los mayores generadores de la carga en la presente temporada de cosecha de granos en la región.


EL DEBER recorrió los dos polos productivos de granos de la región -Norte Integrado y zonas bajas del este- y constató que la infraestructura vial presenta daños en la capa asfáltica. Productores y camioneros atribuyen el desgaste a la falta de mantenimiento de la carretera y de control en las estaciones de pesaje que operan en la zona este, que dan vía libre a motorizados con exceso de carga.
En la estación de control de pesaje de Vías Bolivia que opera en Pailón se constató que la revisión electrónica de carga se cumple en los parámetros establecidos por ley. Según la estatal de carreteras ABC, el peso máximo permitido, dependiendo de la configuración de ejes del vehículo con carga, es de 45 toneladas.


Allí, uno de los funcionarios de dicha entidad estatal dijo que los operadores de carga que tienen contratos con empresas de agronegocios cumplen la normativa vigente, pero que hay camioneros que exceden el límite permitido de carga y son multados por contravenir la norma. Exhibió un cuaderno de registro donde aparecía una larga lista de transportistas multados por movilizar carga con sobrepeso.


Para el representante del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, el registro de infractores es una evasiva para esconder la contaminación y corrupción que existe en esa balanza de control de peso.
Aseguró que el sector no está en contra de la ley de carga y de dimensiones, pero que debe haber una directriz plana de cumplimiento obligatorio y multar a todos por igual. “Hay colegas que reciben multas de hasta Bs 10.0000 por exceder una tonelada de carga y hay otros que, por debajo, dan plata y siguen su recorrido”, dijo.


A juicio de Yujra, la entidad recaudadora de peajes y la estatal de carreteras ABC deben implementar más balanzas en la red vial departamental para ejercer un mayor control de sobrepeso y activar un plan de mantenimiento vial rutinario y permanente, sobre todo en las zonas productivas de la región.

En Cuatro Cañadas
El vicepresidente del Sindicato del Transporte Pesado Mixto de Cuatro Cañadas, Félix Martínez, culpó a los conductores que llegan del interior, para movilizar el grano que se cosecha en esta temporada, de ser los que incumplen la ley de carga.


El dirigente cree que la presión de los productores por acabar la cosecha y la competencia por carga están generando incumplimiento en el exceso de peso y en el deterioro de la carretera.


A tiempo de hacer el mea culpa, Martínez señaló que el sector planteó la utilización de parte de los recursos que se recaudan por cobro de peajes en la habilitación de balanzas móviles de pesaje en Cuatro Cañadas, Los Troncos y San Julián para controlar el volumen transportado de carga y así preservar la carretera en buenas condiciones.

Mirada estatal
La estatal de carreteras ABC Santa Cruz cree que los operadores de carga nacional e internacional, en su mayoría, cumplen con la Ley de Cargas y Dimensiones, porque circulan por rutas donde hay estaciones de control de peso y dimensiones.
La estatal de carreteras ve que los sectores que desarrollan actividades económicas a escala departamental -transporte de áridos, de granos y de madera (troncas)- son los más reacios a cumplir la normativa vigente.


Desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el presidente, Freddy Suárez, cree que hay que hacer un mea culpa y que en la sumatoria total, llámense sector productivo, transportistas o la estatal de carreteras, deben reconocer que hay fallas en las obras viales y exceso de carga por la falta de control para buscar una solución estructural e integral a los problemas.


La ABC informó de que se implementa la infraestructura física para las balanzas de pesaje en los proyectos nuevos de construcción que se ejecutan en la red de carreteras de Santa Cruz.
Sobre el flujo diario de camiones que circulan por zona este y Norte Integrado, un recuento de la ABC en las casetas de peaje de Guapilo y del km 17 da cuenta de que más de 6.800 camiones movilizan carga en estos dos puntos.


En el norte, la ruta Aguaí, Hardeman y Colonia Piraí solo tiene la capa base y carece de asfalto. Así, sin la conclusión de la pavimentación, ha sido señalizada. El deterioro vial es notorio y, con seguridad, crecerá por el intenso tráfico vehicular liviano y pesado en esta zona altamente productiva.


El 17 de este mes se envió al Viceministerio de Transporte un cuestionario para conocer, entre otros temas, el avance de implementación de balanzas en el país, a través de Vías Bolivia, y rango de sanciones para los infractores, pero hasta ayer, al cierre de la edición, 15:37, no se tuvo respuesta al mismo ni el viceministro, Galo Bonifaz, atendió su teléfono.

Mirada del sector oleaginoso
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo cree que los productores de granos son conscientes de la normativa vigente con relación al peso máximo permitido de carga para cada camión, pero considera que si los transportistas no desean cargar un mayor volumen al aprobado, ellos tienen la decisión de hacerlo o no.


Ven que es necesario un mantenimiento preventivo, rutinario y permanente en las carreteras por donde transitan los miles de toneladas de granos de soya, maíz, sorgo, trigo y girasol, que son producidos por el sector.


Estiman una producción de 2.750.000 toneladas de granos y que para cubrir la demanda de transporte se requieren unos 1.700 camiones/día.

ABC cobra $us 9 MM de Corsán Corviam

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecutó una de las boletas de garantías de la empresa española Corsán Corviam por un valor de $us 9 millones por incumplimiento de contrato.

El 1 de abril, la constructora española abandonó injustificadamente las obras de construcción de la carretera Ixiamas–San Buenaventura, en el norte del departamento de La Paz. Después de cumplirse un plazo de 15 días, la estatal de caminos rescindió el contrato e inició el cobro de las boletas de garantía.

“Ya en el transcurso de la mañana el Banco Nacional de Bolivia nos ha hecho la revisión de los cheques por 9 millones de dólares, que corresponden a las boletas de incumplimiento de contrato del tramo Ixiamas-San Buenaventura. Como podrán comprobar son cheques y boletas que jamás han sido falsas y demuestran la legalidad y la solvencia de la banca nacional”, explicó la presidenta de la ABC, Noemí Villegas.

Añadió que el abandono de la compañía no generará daño económico al Estado.

Explicó que se están dando los primeros pasos para dar continuidad a la construcción de la carretera, que se ejecuta entre Ixiamas y San Buenaventura.

Reanudarán obras que dejó Corsán Corviam

Las obras en los tres proyectos viales que ejecutaba Corsán Corviam serán retomadas, “se ven los mecanismos más ágiles, estamos hablando con el Banco Mundial”, anunció ayer el ministro de Obras Públicas, Milton Claros.

Mencionó los tramos Yucumo-Quiquibey, doble vía La Paz-Oruro e Ixiamas-San Buenaventura, después de que se decidió rescindir con la empresa española por incumplimiento de contrato.

El ministro Claros indicó que la anterior semana se envió a un banco la solicitud para la ejecución de las boletas de garantía, y estima que esta semana se efectivizará el pago, que alcanza a 45,7 millones de dólares, de los que $us 23 millones corresponden al tramo de Ixiamas.

Apoyo a microempresarios
En cuanto a los pequeños empresarios que reclaman a Corsán Corviam por el pago de servicios, el ministro Claros informó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) coadyuva en el asesoramiento para resolver la petición. Sin embargo, indicó que se debe realizar la demanda contra la empresa a través de la Fiscalía para efectivizar los pagos.

Los pequeños empresarios reclaman el pago de 60 millones de bolivianos, acumulados por el no pago durante más de seis meses, y por ese motivo se movilizaron para exigir que intervenga la ABC para que su demanda sea atendida.

El ministro Claros indicó que los subcontratos realizados por la empresa española, de acuerdo con el contrato suscrito con el Gobierno, está permitido y puede llegar hasta un 25%. Admitió que para eludir el pago de impuestos, algunas empresas no formalizan sus contratos.

Daño por 2 obras llega a Bs 8 millones

La Contraloría General conminó a la recuperación de más de 8 millones de bolivianos por el incumplimiento de plazo de entrega definitiva y ampliación sin justificación contractual en la construcción del distribuidor Cobija y la prolongación de la avenida Guayacán.

En cuanto al distribuidor vehicular Cobija, se estableció un daño por la ampliación del contrato sin justificación contractual de 4,1 millones de bolivianos en el lado oeste del puente y 227 mil bolivianos en el sector este.

En esta última se involucra a la exalcaldesa Tatiana Rojas, a otros exfuncionarios como Edgar Daza Villacorta, Nicanor Ledezma Mérida, Christian Cuellar Paz y a la empresa Consval.

Además, la auditoría detecta que, extrañamente, se contrató a una empresa dependiente de la Alcaldía: Ummipre-Proman y no se cancelaron servicios que alcanzan los 281 mil bolivianos.

El informe incluye la presentación de descargos del actual secretario de Infraestructura, Carlos Abasto en agosto de 2014.

Según las órdenes de cambio y modificaciones de contrato, la obra llegó a extenderse 552 días, sumados a los 365 del contrato. El dictamen de la Contraloría señala 80 días injustificados.

Los informes de auditoría especial señalan que sólo en la prolongación de la Guayacán de 1.080 metros lineales se encuentran implicados exfuncionarios entre ellos el exalcalde Gonzalo Terceros, Hernán Orellana Escalera, José Marañón Sejas, Rodrigo Vargas Maldonado, Óscar Carvallo Ferreira y la empresa Serecont SRL, con un daño económico que llega a 4,7 millones de bolivianos.

En todos los casos se establecieron indicios de responsabilidad civil. El gerente departamental de la Contraloría, David Barriga, señaló que no procede una pericia debido a que no están en discusión los temas técnicos.

Ante la aseveración de los problemas ambientales, explicó que los descargos no se justifican por los avales de los estudios TESA y la revisión con instancias superiores como Senamhi.



ALCALDÍA INICIARÁ PROCESO COACTIVO FISCAL

El secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca, declaró que aún no llegó el informe oficial de la Contraloría General del Estado, pero seguirán los plazos estipulados. Además, tienen todo listo para presentar una demanda coactiva fiscal y hacer las citaciones para el resarcimiento de daños.

Por el momento, el informe se encuentra en el Concejo Municipal y se espera que la directiva proceda a remitirlo al ejecutivo esta semana para el inicio de las demandas coactivas fiscales.

Alargan investigación del puente colapsado

La investigación por el puente colapsado en la avenida Independencia y 6 de Agosto se extenderá por seis meses por una nueva imputación contra el exsuperintendente de obra, Carlos Cimar Achabal, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contrato.

“Según esta imputación, se entiende que habría existido negligencia en la ejecución de la obra. Habría sido el superintendente quien no observó estos hechos. Se trata de una persona contratada por la empresa Álvarez. Creemos que esta imputación es interesante por los elementos que muestra”, aseveró el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca.

Por su parte, el imputado señaló que aún no fue notificado formalmente, sin embargo, asumirá defensa para demostrar que se cumplieron con todos los parámetros del contrato.

El puente de la avenida Independencia colapsó el 22 de octubre de 2015. La Alcaldía presentó denuncia contra cinco personas el 17 noviembre y en junio de 2016 fueron imputados: el exalcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el exoficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez.

La acusación o sobreseimiento debía presentarse el 6 de noviembre de 2016, sin embargo, los fiscales imputaron a una sexta persona: el fiscal de obra, Óscar Cortez. Por esta acción se amplió el plazo por seis meses que cumplían en mayo de 2017.

No obstante, con la nueva imputación, el proceso se ampliará por seis meses. En ese tiempo, además, se debe acusar o rechazar el caso. La investigación se realiza desde hace 17 meses.

Cambian fiscales

Un hecho que llama la atención de las partes es el cambio de los tres fiscales que iniciaron la investigación. El caso pasó a otro representante hace dos meses y otro se sumó hace 15 días.

El fiscal departamental, Óscar Vera, indicó que se trata de una decisión institucional. Los nuevos se interiorizan del proceso.

Por su parte, el abogado de la empresa Álvarez, Jorge Iriarte, indicó que se trata de una acción que genera demora y perjudica a los imputados que continúan con medidas sustitutivas. El informe técnico estableció una falla en los anclajes del puente.



TARDA EL DICTAMEN FINAL

El secretario Jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, anunció que esta semana viajará a La Paz para reunirse con el contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, para solicitar que emita el dictamen final de la auditoría del puente colapsado que demandó una inversión de 11 millones de bolivianos.

“Una vez que se tenga el documento, podremos asumir dos acciones. La primera es que se cumplan con las responsabilidades, porque nadie podrá eludirlas. La segunda podrá ser el congelamiento de cuentas, porque con la anotación de bienes no se llega ni a los 4 millones de bolivianos”, aseveró.

La Contraloría General del Estado inició una auditoría del puente colapsado por presunto daño económico, en 2015. El 1 de marzo de 2016, emitió un informe preliminar que halló indicios de responsabilidad civil en la empresa constructora Álvarez y el ingeniero que diseñó y a la ve supervisó la obra, Nelson Vega.

Ambas partes presentaron sus descargos para el informe final que estaba anunciado para agosto de 2016, sin embargo, hasta la fecha aún no se cuenta con el documento final. El daño económico se estima en 11 millones de bolivianos.



OPINIONES

Sergio Coca, secretario Jurídico

Según lo que se puede leer en esta imputación, se estaría señalando que no fueron observados los hechos de negligencia por parte de la empresa mediante el superintendente de obra durante la ejecución del puente. Creemos que es una imputación interesante y estaremos atentos a lo que pueda pasar a partir de ahora. Aún esperamos la audiencia de medidas cautelares del nuevo imputado por el que se está ampliando el plazo para el Ministerio Público.

Sergio Rodríguez, exfuncionario Infraestructura

Es una vergüenza que se dilaten los procesos, pero era de esperarse que se amplíe la investigación a quienes realmente tuvieron supervisión directa. Con el paso del tiempo, se va demostrando que es un proceso incorrecto, porque se debería resolver por la vía civil, no penal. Tal como ocurre con el puente Cobija. Esto se ha convertido en un show, un circo de parte de la Alcaldía, que es la primera en retrasar el proceso.

Jorge Iriarte, abogado Álvarez

Aún no fuimos notificados formalmente con la imputación. Sin embargo, hace dos meses que la investigación se quedó sin fiscales, porque los tres que comenzaron fueron dejando el proceso o transferidos. Por lo tanto, en este tiempo no hubo actividad procesal. De todos modos, hay mucho por investigar y muchas actividades procesales. Lo principal es investigar las irregularidades en el diseño y la supervisión. Ahora esperamos a los nuevos fiscales.

Óscar Vera, fiscal Dptal.

El proceso está con dos fiscales asignados. Uno está ya hace bastante tiempo en la Fiscalía Anticorrupción por lo que conoce el tema. El otro fiscal llegó hace dos semanas. Como en todos los procesos que dirige el Ministerio Público, se les ha pedido el cumplimiento de plazos, la máxima objetividad posible y que emitan las resoluciones oportunamente. Se cambiaron por razones institucionales y se vio conveniente.

Llegar al norte de La Paz es una odisea debido al estado de los caminos

Vehículos inmovilizados por horas en el barro; motocicletas, taxis y camiones que cruzan el cauce del río Cuñipa arriesgando la vida de sus ocupantes, extenuantes horas de viaje y deterioro de los vehículos es parte de la odisea de viajar al norte de La Paz.

Sus pobladores dicen sentirse afectados por la paralización de obras en las vías Ch’alla-Caranavi y San Buenaventura-Ixiamas, y por el deterioro del camino Caranavi-Quiquibey, entregado hace cinco meses. Los tres tramos están bajo tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y forman parte del Corredor Amazónico, que une el norte de La Paz con Beni y Pando.

La entidad no se pronunció sobre estos problemas, constatados por periodistas, entre ellos La Razón, que acompañaron una inspección efectuada por la asambleísta departamental Wilma Magne, de Soberanía y Libertad (Sol.bo).

En el tramo Challa-Caranavi, cerca de El Choro, se evidenció que las obras están detenidas.

“La empresa Royal está cargo y hemos visto solo seis obreros en el lugar, quienes dijeron que estaban haciendo un reconocimiento del terreno en un periodo de prueba”, explicó Magne.

“Hay mucho polvo, huecos y piedras, y es peligroso porque hay gente que entra por primera vez y se choca. Yo trabajo ocho años en este sector y no hay mejoras en este camino, espero que la ABC se preocupe en acelerar los trabajos”, dijo un conductor de la empresa de transporte Villalobos, que realiza viajes a Caranavi.

Gobierno analiza adjudicar carretera Ixiamas-San Buenaventura a firmas que perdieron puja con Corsán

El Gobierno negocia con el Banco Mundial la situación de la licitación de la ruta Ixiamas-San Buenaventura y analiza adjudicar la construcción de la obra, que abandonó Corsán, a las firmas que perdieron la puja con la firma española, desveló el vicepresidente y presidente en ejercicio, Álvaro García.

“Si hacemos licitaciones internacionales tardamos seis meses, si le damos a la empresa que se presentó antes, a la segunda o la tercera, tardamos dos meses y en eso estamos. Estamos reunidos con el Banco Mundial”, señaló durante la inauguración de un sistema de agua potable, precisamente, en San Buenaventura.

De acuerdo con los datos de la licitación publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), las firmas que perdieron contra Corsán son la argentina Electroingeniería S. A. y la China International Water & Electric Corporation (CWE).

Además, pugnaron las asociaciones accidentales Madid y el Consorcio Zago Maquinaria y Asociados.

García explicó que el Estado siempre pide boletas de garantía en los procesos de licitación gubernamental para contrarrestar este tipo de eventualidades que en este proyecto suman $us 23 millones.



“No hemos perdido ni un solo centavo, es más hemos ganado un poquito, solo que estamos perdiendo tiempo”, dijo y añadió que “no es un problema de dinero”, sino que “la empresa fracasó, tuvo problemas en otras partes del mundo. Falló, ni modo, quebró”.

En su intervención, comprometió inyectar más recursos económicos si el caso amerita y si el BM, financiador del proyecto, lo requiere.

El Ejecutivo disolvió el contrato con el consorcio español el viernes y a la fecha está en el trámite para el cobro de las boletas de garantía que suman $us 23 millones.

El gobierno también ejecutó las boletas de garantía por un valor $us 117 millones por el abandono de Corsán del proyecto hidroeléctrico Miguillas. (25/04/2017)