El Gobierno español, a través de su embajador Ángel Vázquez, deslindó responsabilidades sobre el abandono del país de la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, la cual dejó dos obras inconclusas y abandonó el mantenimiento de otras dos el pasado 31 de marzo.
"Isolux es una empresa privada y por lo tanto es la única responsable de sus negocios y sus actos. Nosotros no podemos más que lamentar que el resultado de su presencia en Bolivia sea el que todos conocemos”, sostuvo el diplomático ayer.
Por otra parte, indicó que es responsabilidad de los acreedores de la empresa buscar el pago de las deudas por medio de los canales existentes.
"Es la propia empresa la que debe resolver sus problemas, son sus acreedores los que tienen que dirigirse a la empresa para obtener satisfacción de sus deudas y para eso existen mecanismos jurídicos”, subrayó.
Según Vázquez, al conocerse del abandono de la empresa, la embajada buscó mediar entre las partes y que la empresa y el Gobierno dialoguen. Más allá de eso, es responsabilidad de los socios llegar a un acuerdo.
"En mi calidad de embajador, en su momento, cuando estalló este conflicto, hice ciertas labores de mediación con la empresa para lograr un acercamiento, diálogo o negociación. Fruto de esto, Isolux emitió un comunicado en el cual explicaba las razones para haber abandonado el país”, explicó.
Por otra parte, el diplomático remarcó que el incidente ocurrido con Isolux no afectará las inversiones que ejecutan otras empresas españolas en el país.
"La vida de las empresas muchas veces tiene altas y bajas y lo que pasó con Isolux, problemas financieros y de sostenibilidad, no implica en ningún caso que otras empresas españolas que están presentes en Bolivia tengan problemas y no cumplan perfectamente con sus contratos a plena satisfacción de su cliente”, aclaró el diplomático.
Obligaciones
El pasado 31 de marzo, la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, abandonó las obras de la carretera Ixiamas- San Buenaventura con un 25% de avance y habiendo cobrado por ello 49 millones de dólares de un contrato por 137 millones de dólares.
Al marcharse, la empresa dejó una deuda de 80 millones de bolivianos con cerca de un centenar de subcontratistas a los cuales empleó para la construcción de la carretera.
Paralelamente, la empresa también abandonó las obras del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, con un avance del 7%, según fuentes oficiales. Así como también las obras de mantenimiento de la carretera Yucumo- Quiquibey y del tramo dos de la doble vía La Paz-Oruro.
El Gobierno ejecutó las boletas de garantía presentadas por la empresa española.
Tuesday, May 9, 2017
Monday, May 8, 2017
Denuncian negligencia y retardación en investigaciones de corrupción por caso Corsán-Corviam
El senador opositor Yerko Nuñez denunció retardación en el proceso de investigación de un caso de corrupción que involucra a la empresa italiana Corsán-Corviam y al consorcio boliviano Torrez Bejarano & Asociados.
El legislador exigió al excontralor y actual jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Herbas, explicar por qué no actúa para sancionar el cobro de 3.5% de comisión del monto global de las adjudicaciones que beneficiaron a la empresa italiana.
Dijo que las denuncias fueron presentadas hace un año, adjuntando los documentos notariados que certifican el contrato para el cobro de comisiones "provocando un grave daño a las finanzas del Estado”.
Nuñez informó que entre la documentación presentada también se incluyeron los antecedentes penales de la consultora boliviana.
Explicó que ejerciendo su función fiscalizadora ha formulado 11 peticiones de Informe Escrito (PIE), siete al ministro de Obras Públicas, Milton Claros y cuatro al titular de Energía, Rafael Alarcón, "que lamentablemente nunca han respondido”.
Dijo que ante el silencio de las máximas autoridades ejecutivas espera que el excontralor y actual jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Grabiel Herbas, "debe justificar su cargo y esclarecer las d enuncias de corrupción formuladas desde el año pasado”.
El legislador exigió al excontralor y actual jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Herbas, explicar por qué no actúa para sancionar el cobro de 3.5% de comisión del monto global de las adjudicaciones que beneficiaron a la empresa italiana.
Dijo que las denuncias fueron presentadas hace un año, adjuntando los documentos notariados que certifican el contrato para el cobro de comisiones "provocando un grave daño a las finanzas del Estado”.
Nuñez informó que entre la documentación presentada también se incluyeron los antecedentes penales de la consultora boliviana.
Explicó que ejerciendo su función fiscalizadora ha formulado 11 peticiones de Informe Escrito (PIE), siete al ministro de Obras Públicas, Milton Claros y cuatro al titular de Energía, Rafael Alarcón, "que lamentablemente nunca han respondido”.
Dijo que ante el silencio de las máximas autoridades ejecutivas espera que el excontralor y actual jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas, Grabiel Herbas, "debe justificar su cargo y esclarecer las d enuncias de corrupción formuladas desde el año pasado”.
Empresas extranjeras tienen 74% de licitaciones
Según datos públicos del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), consolidados por la CABOCO, la inversión pública ejecutada en infraestructura vial, entre las gestiones 2007 y 2017 "ha sido en un 74% ejecutada por empresas extranjeras, con un valor de Bs 25.939 millones; seguida de los contratos adjudicados a empresas nacionales que solo llega a Bs 5.331 millones (15%), y los contratos con asociación extranjera – nacional (11%) tienen un costo de Bs 3.841.128.390,82”.
Piden políticas públicas a favor del sector. Para el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), Davor Vargas Pol, para promover y mejorar la inversión del sector de la construcción, las políticas públicas deben enfocarse en los diferentes sectores involucrados, la creación de normativas específicas para la construcción de obras públicas, buscando mayores incentivos para la participación de las empresas nacionales.
"Desde 2012 el promedio de crecimiento del sector de la construcción estuvo entre el 7 y 8 % anual como efecto de los niveles de inversión pública y privada. Estos niveles de inversión pública están generados a través del financiamiento externo y recursos propios del Estado", dijo.
También sostiene que, en el marco de la ejecución de los actuales megaproyectos y la experiencia que se ha tenido como país con las empresas extranjeras, “el gobierno debe considerar las propuestas con respecto a la obligatoriedad de asociación de empresas extranjeras con nacionales, aspecto que beneficiaría la ejecución de obras en Bolivia”.
Piden políticas públicas a favor del sector. Para el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), Davor Vargas Pol, para promover y mejorar la inversión del sector de la construcción, las políticas públicas deben enfocarse en los diferentes sectores involucrados, la creación de normativas específicas para la construcción de obras públicas, buscando mayores incentivos para la participación de las empresas nacionales.
"Desde 2012 el promedio de crecimiento del sector de la construcción estuvo entre el 7 y 8 % anual como efecto de los niveles de inversión pública y privada. Estos niveles de inversión pública están generados a través del financiamiento externo y recursos propios del Estado", dijo.
También sostiene que, en el marco de la ejecución de los actuales megaproyectos y la experiencia que se ha tenido como país con las empresas extranjeras, “el gobierno debe considerar las propuestas con respecto a la obligatoriedad de asociación de empresas extranjeras con nacionales, aspecto que beneficiaría la ejecución de obras en Bolivia”.
Sunday, May 7, 2017
Solo el 15% de obras viales otorgan a firmas nacionales
ADJUDICACIONES. Según datos de la Cámara Boliviana de la Construcción, entre 2007 y 2017 el 74% de adjudicaciones de obras viales de la ABC beneficiaron a empresas extranjeras, el 15% a nacionales y el 11% asociaciones mixtas. Piden mayores oportunidades.
07 de Mayo de 2017
Solo el 15% de obras viales otorgan a firmas nacionales
Tan solo el 15% de las adjudicaciones de obras viales de la Administradora Boliviana de Carreteras fueron para empresas nacionales en la última década, según la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco). Por eso, piden ajustes normativos y así se deje de privilegiar a firmas extranjeras. Con datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la Caboco aseguró que la inversión pública ejecutada en infraestructura vial por la ABC entre 2007 y 2017 ha sido un 74% ejecutada por empresas extranjeras, con un valor que bordea los Bs 25.939 millones. Para las empresas nacionales y las adjudicaciones son cerca de Bs 5.331 millones o lo que es en términos porcentuales un 15%. Los datos brindados por Caboco también dan cuenta que los contratos con asociación extranjera – nacional llegan al 11%, con un costo cercano a los Bs 3.841 millones. Para el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Davor Vargas, para promover y mejorar la inversión del sector de la construcción, las políticas públicas deben enfocarse en los diferentes sectores involucrados y la creación de normativas específicas para la construcción de obras públicas, buscando mayores incentivos para la participación de las empresas nacionales. Vargas advirtió que el sector de la construcción tiene un panorama difícil, considerando además que las políticas dictadas en términos laborales, ponen en riesgo el equilibrio económico de las obras (contratos con costos que no pueden tener reajuste de precios), aspecto que sin duda puede terminar en generar un mayor desempleo”. Propone que para lograr motivar una mayor participación e inversión privada en el sector, se necesita “contar con una base normativa de contratación de obras claras y específicas que permita atraer y mantener inversiones, como también la oportuna y eficiente participación del sector privado constructor”. “El Gobierno debe considerar las propuestas reiterativas de la Caboco, con respecto a la obligatoriedad de asociación de empresas extranjeras con nacionales, aspecto que beneficiaría la ejecución de obras en Bolivia”, expresó Vargas. Otro de los aspectos que el presidente de la Caboco considera importante, son las reformas en el ámbito tributario y laboral orientado a la flexibilización y competitividad de las empresas nacionales. Según datos de Caboco, el sector genera el 8,3% del empleo en la economía, además que absorbe la mano de obra menos calificada.
07 de Mayo de 2017
Solo el 15% de obras viales otorgan a firmas nacionales
Tan solo el 15% de las adjudicaciones de obras viales de la Administradora Boliviana de Carreteras fueron para empresas nacionales en la última década, según la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco). Por eso, piden ajustes normativos y así se deje de privilegiar a firmas extranjeras. Con datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la Caboco aseguró que la inversión pública ejecutada en infraestructura vial por la ABC entre 2007 y 2017 ha sido un 74% ejecutada por empresas extranjeras, con un valor que bordea los Bs 25.939 millones. Para las empresas nacionales y las adjudicaciones son cerca de Bs 5.331 millones o lo que es en términos porcentuales un 15%. Los datos brindados por Caboco también dan cuenta que los contratos con asociación extranjera – nacional llegan al 11%, con un costo cercano a los Bs 3.841 millones. Para el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), Davor Vargas, para promover y mejorar la inversión del sector de la construcción, las políticas públicas deben enfocarse en los diferentes sectores involucrados y la creación de normativas específicas para la construcción de obras públicas, buscando mayores incentivos para la participación de las empresas nacionales. Vargas advirtió que el sector de la construcción tiene un panorama difícil, considerando además que las políticas dictadas en términos laborales, ponen en riesgo el equilibrio económico de las obras (contratos con costos que no pueden tener reajuste de precios), aspecto que sin duda puede terminar en generar un mayor desempleo”. Propone que para lograr motivar una mayor participación e inversión privada en el sector, se necesita “contar con una base normativa de contratación de obras claras y específicas que permita atraer y mantener inversiones, como también la oportuna y eficiente participación del sector privado constructor”. “El Gobierno debe considerar las propuestas reiterativas de la Caboco, con respecto a la obligatoriedad de asociación de empresas extranjeras con nacionales, aspecto que beneficiaría la ejecución de obras en Bolivia”, expresó Vargas. Otro de los aspectos que el presidente de la Caboco considera importante, son las reformas en el ámbito tributario y laboral orientado a la flexibilización y competitividad de las empresas nacionales. Según datos de Caboco, el sector genera el 8,3% del empleo en la economía, además que absorbe la mano de obra menos calificada.
Wednesday, May 3, 2017
Para elaboración de diagnóstico de empleo: Sólo la ABC presentó lista de trabajadores con discapacidad
El pasado 28 de marzo, la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru), inició un diagnóstico para contar con el número oficial de personas con discapacidad, que trabajan en entidades públicas y privadas, al momento, solamente una entidad pública, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), brindó la información requerida mediante notas escritas a 39 instituciones.
Dentro de la planificación de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, el diagnóstico debería haber terminado en abril, pero la indiferencia de las instituciones, tanto públicas como privadas, perjudicó el trabajo, pues a la fecha solamente la ABC hizo caso al requerimiento de la información.
"Estamos preocupados al no tener esta respuesta, vamos a reiterar nuevamente con una nota, pero esta vez lo coordinaremos con alguna entidad pertinente, puesto que es una solicitud amparada en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, pues todos tenemos derecho a petición y nosotros estamos prestos a solicitarlo, esta información es una información pública" aseveró el responsable de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, Daniel Villcarani.
Villcarani indicó también, que cinco instituciones privadas, sin mencionar cuales, respondieron a su solicitud de información, haciendo conocer que como instituciones privadas, no están en la obligatoriedad de contratar personas con discapacidad.
"Las (instituciones) privadas más que todo, manifiestan que no están obligadas a contratar personas con discapacidad, pues no les obliga la normativa, tenemos una normativa que no esta tan específica, no es clara, por eso se ha trabajado para que se promulgue una ley donde instituciones privadas también estén en la obligatoriedad de incorporar a personas con discapacidad", argumentó Villcarani.
Las instituciones, a las que se solicitó la información son: la Gobernación y la alcaldía de Oruro, la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Impuestos Nacionales, Jefatura Departamental de Trabajo, Delegación Defensorial de Oruro, Derechos Humanos, Dirección de Tránsito, Comando Departamental de Policía, Servicio Departamental de Salud, Caja Nacional de Salud (CNS), Agencia Estatal de Viviendas, Hospital General "San Juan de Dios", Servicio General de Identificación Personal (Segip), Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), Instituto Nacional de Estadística (INE), Defensa Pública, Ministerio Público, Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO).
Así también están contempladas la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (Coteor), Entel, Cámara de Comercio, AFP-Futuro de Bolivia, Servicio de Registro Civil (Sereci), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Asociación de Municipios del Departamento de Oruro (Amdeor), Servicio Local de Acueducto y Alcantarillado (SeLA-Oruro), Comibol Oruro, INRA, YPFB, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Contraloría General del Estado, Empresa Pública Departamental de Oruro (Epdeor), Empresa Nacional de Electrificación (ENDE-Oruro), Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO), y Cartonbol.
Dentro de la planificación de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, el diagnóstico debería haber terminado en abril, pero la indiferencia de las instituciones, tanto públicas como privadas, perjudicó el trabajo, pues a la fecha solamente la ABC hizo caso al requerimiento de la información.
"Estamos preocupados al no tener esta respuesta, vamos a reiterar nuevamente con una nota, pero esta vez lo coordinaremos con alguna entidad pertinente, puesto que es una solicitud amparada en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, pues todos tenemos derecho a petición y nosotros estamos prestos a solicitarlo, esta información es una información pública" aseveró el responsable de la Unidad Especializada para Personas con Discapacidad, Daniel Villcarani.
Villcarani indicó también, que cinco instituciones privadas, sin mencionar cuales, respondieron a su solicitud de información, haciendo conocer que como instituciones privadas, no están en la obligatoriedad de contratar personas con discapacidad.
"Las (instituciones) privadas más que todo, manifiestan que no están obligadas a contratar personas con discapacidad, pues no les obliga la normativa, tenemos una normativa que no esta tan específica, no es clara, por eso se ha trabajado para que se promulgue una ley donde instituciones privadas también estén en la obligatoriedad de incorporar a personas con discapacidad", argumentó Villcarani.
Las instituciones, a las que se solicitó la información son: la Gobernación y la alcaldía de Oruro, la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Impuestos Nacionales, Jefatura Departamental de Trabajo, Delegación Defensorial de Oruro, Derechos Humanos, Dirección de Tránsito, Comando Departamental de Policía, Servicio Departamental de Salud, Caja Nacional de Salud (CNS), Agencia Estatal de Viviendas, Hospital General "San Juan de Dios", Servicio General de Identificación Personal (Segip), Tribunal Electoral Departamental de Oruro (TEDO), Instituto Nacional de Estadística (INE), Defensa Pública, Ministerio Público, Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO).
Así también están contempladas la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Cooperativa de Telecomunicaciones Oruro Ltda. (Coteor), Entel, Cámara de Comercio, AFP-Futuro de Bolivia, Servicio de Registro Civil (Sereci), Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Asociación de Municipios del Departamento de Oruro (Amdeor), Servicio Local de Acueducto y Alcantarillado (SeLA-Oruro), Comibol Oruro, INRA, YPFB, Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Contraloría General del Estado, Empresa Pública Departamental de Oruro (Epdeor), Empresa Nacional de Electrificación (ENDE-Oruro), Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO), y Cartonbol.
Tuesday, May 2, 2017
Caso Corsán desnuda falta de control y fiscalización
La rescisión de los contratos con la empresa española Corsán Corviam para la construcción del tramo carretero Ixiamas-San Buenaventura y la edificación de la hidroeléctrica Miguillas, con la consecuente ejecución de las boletas de garantía, en ambos casos por incumplimiento de compromisos en el avance de dichos proyectos con el Estado bolivianos, ha dejado al descubierto una escasa labor de control y fiscalización de parte del Estado y Gobierno nacional.
"Lo que ha fallado aquí es la fiscalización", dice de manera contundente el economista Julio Alvarado. El experto remarca que para ejercer control y fiscalización, no se necesitan leyes sino hacer cumplir las normas. "Eso significa que cuando se contrata, primero hay que verificar si se tratan de empresas serias. Lamentablemente, mientras siga este proceso del gobierno de Evo Morales, donde se contratan empresas de dudosa reputación, entonces vamos a tener estos problemas", precisó.
Medidas preventivas. Pocos días después que estalló el caso Corsán, la Cámara de Senadores anunció la emisión de una minuta de comunicación dirigida a todas las empresas públicas, para que verifiquen que las firmas aspirantes a adjudicarse un contrato tengan los equipos y maquinarias para encarar el proyecto. "Es la única manera de evitar posibles estafas", informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar.
Según el economista, Roberto Laserna, el hecho de que las autoridades del Senado se vean en la necesidad de emitir una instructiva de esa naturaleza a las empresas públicas del Estado, confirma la escasa labor de control y fiscalización que se ha tenido con respecto a la adjudicación de obras y proyectos.
"Lo que está haciendo el Senado es poner en evidencia un hecho irregular en la administración pública. Mientras mayor es la cantidad de dinero en juego, mayor es la preocupación. Con esto se identifica un problema muy serio en las empresas públicas, donde se ha contratado empresas por invitación directa, decretos por excepción, sin la correspondiente fiscalización", señaló Laserna.
Casos preocupantes. El caso Corsán no es el único donde se han ejecutado las boletas de garantía, de proyectos millonarios.
Para citar algunos ejemplos recientes se tiene la construcción del ferrocarril Montero-Bulo Bulo, cuyos dos tramos adjudicados el 2013 a empresas Chinas (CAMC y Railway), resultaron siendo un fracaso por lo que se le ejecutaron sus boletas.
Lo mismo sucedió, con la adjudicación de la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní, cuya empresa Tradeco de México, fue alejada y ejecutada sus boletas el 2015. “Ellos pretenden durante la ejecución de que el Gobierno pueda incrementar o plantear órdenes de cambio, aumentando presupuesto. Esas maniobras no son posibles, vamos a tomar recaudos”, precisó en su momento, Milton Claros, ministro de Obras Públicas.
Mucho antes, se ejecutaron las boletas de la firma Jindal, aduciendo que había incumplido compromisos de inversión en el Mutún, anhelado proyecto siderúrgico que hoy sigue sin despegar.
Aguilar argumentó que en muchos casos se vio que hay empresas que subcontratan hasta por el 100% trabajos de construcción, por tanto, solo se convierten en administradores del contrato y solo pagan 20 o máximo hasta el 40% de los precios totales de la adjudicación a los subcontratados.
"Lo que ha fallado aquí es la fiscalización", dice de manera contundente el economista Julio Alvarado. El experto remarca que para ejercer control y fiscalización, no se necesitan leyes sino hacer cumplir las normas. "Eso significa que cuando se contrata, primero hay que verificar si se tratan de empresas serias. Lamentablemente, mientras siga este proceso del gobierno de Evo Morales, donde se contratan empresas de dudosa reputación, entonces vamos a tener estos problemas", precisó.
Medidas preventivas. Pocos días después que estalló el caso Corsán, la Cámara de Senadores anunció la emisión de una minuta de comunicación dirigida a todas las empresas públicas, para que verifiquen que las firmas aspirantes a adjudicarse un contrato tengan los equipos y maquinarias para encarar el proyecto. "Es la única manera de evitar posibles estafas", informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar.
Según el economista, Roberto Laserna, el hecho de que las autoridades del Senado se vean en la necesidad de emitir una instructiva de esa naturaleza a las empresas públicas del Estado, confirma la escasa labor de control y fiscalización que se ha tenido con respecto a la adjudicación de obras y proyectos.
"Lo que está haciendo el Senado es poner en evidencia un hecho irregular en la administración pública. Mientras mayor es la cantidad de dinero en juego, mayor es la preocupación. Con esto se identifica un problema muy serio en las empresas públicas, donde se ha contratado empresas por invitación directa, decretos por excepción, sin la correspondiente fiscalización", señaló Laserna.
Casos preocupantes. El caso Corsán no es el único donde se han ejecutado las boletas de garantía, de proyectos millonarios.
Para citar algunos ejemplos recientes se tiene la construcción del ferrocarril Montero-Bulo Bulo, cuyos dos tramos adjudicados el 2013 a empresas Chinas (CAMC y Railway), resultaron siendo un fracaso por lo que se le ejecutaron sus boletas.
Lo mismo sucedió, con la adjudicación de la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní, cuya empresa Tradeco de México, fue alejada y ejecutada sus boletas el 2015. “Ellos pretenden durante la ejecución de que el Gobierno pueda incrementar o plantear órdenes de cambio, aumentando presupuesto. Esas maniobras no son posibles, vamos a tomar recaudos”, precisó en su momento, Milton Claros, ministro de Obras Públicas.
Mucho antes, se ejecutaron las boletas de la firma Jindal, aduciendo que había incumplido compromisos de inversión en el Mutún, anhelado proyecto siderúrgico que hoy sigue sin despegar.
Aguilar argumentó que en muchos casos se vio que hay empresas que subcontratan hasta por el 100% trabajos de construcción, por tanto, solo se convierten en administradores del contrato y solo pagan 20 o máximo hasta el 40% de los precios totales de la adjudicación a los subcontratados.
Chuquisaca La doble vía podría ser realidad recién en 2021
TRÁNSITO
8.000 vehículos por día es el volumen de tránsito que tiene en promedio la actual carretera entre Sucre y Yamparáez.
La doble vía Sucre-Yamparáez, considerada una obra de prioridad nacional por el Gobierno, podría ser una realidad en 2021 si hasta el próximo año se adjudica y comienza la construcción del proyecto, cuyo financiamiento ya está asegurado, según la Administradora Bolivia de Carreteras (ABC).
La asociación accidental INIPSA-ESSIENG presentó hace dos semanas el informe final del estudio de diseño técnico de preinversión para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
Este trabajo fue presentado dentro del término establecido por la ABC, cuyo límite era el 20 de junio de 2016; sin embargo, la subsanación de los ajustes tomó diez meses.
Actualmente se tiene un estudio a diseño final concluido, que ya es de conocimiento del Gobierno central, instancia que se comprometió a gestionar el respectivo financiamiento ante organismos internacionales.
El coordinador de la ABC para la doble vía Sucre-Yamparáez, Frany Gómez, explicó que esta obra se constituye en una prioridad nacional porque está dentro del plan de desarrollo establecido por el Gobierno.
“Este proyecto está priorizado y está en el plan de desarrollo económico y social (2016-2020), entonces los recursos ya están garantizados, pero yo no le puedo decir de qué ente financiero, las contrapartes y todo eso”, remarcó.
Agregó que una vez presentado el estudio a diseño final a los entes financieros, éstos mandan a sus técnicos y peritos para una inspección del tramo que podrían financiar.
“También vuelven a revisar el proyecto, entones lo que nosotros como ABC estamos haciendo es garantizar que estos recursos sean los suficientes para garantizar la calidad del proyecto, porque básicamente los parámetros que tiene (el estudio), permiten eso”, sostuvo.
PLAZOS
Por su parte, el gerente de INIPSA-ESSIENG, Jhonny Orgaz, estimó que los plazos fueron establecidos mediante una programación lineal basada en el tiempo de ejecución de los ítems críticos de obra (definidos en función a las características del tramo).
Según el cronograma propuesto por la consultora, el proyecto tiene un plazo de entrega de 28 meses, desde la movilización de equipo y maquinaria, la construcción, y la entrega provisional y definitiva.
Según la gerente Regional de la estatal de caminos, María Flores, este año será muy difícil dar inicio a la construcción de la doble vía y que a lo mucho se podría conseguir el financiamiento.
Considerando esa proyección, la licitación pública internacional podría correr recién el próximo año así como el inicio de la ejecución de obras si no hay complicaciones en el proceso de adjudicación y por ende la doble vía estaría siendo inaugurada en 2021.
Orgaz dijo que los 28 meses es un plazo eminentemente técnico según el rendimiento de las actividades de obra. Sin embargo, en la licitación es un plazo referencial para las empresas, que para lograr un mayor puntaje deberán ofertar un menor tiempo de ejecución.
EL PRESUPUESTO
La consultora determinó que sólo las obras civiles demandarán una inversión de $us 68 millones, de los cuales el 62% significa la estructura vial como tal, es decir, el movimiento de tierras y el pavimentado.
Lo demás son obras complementarias como vacaductos, pasarelas, viaductos, caseta y estación de peaje, un distribuidor vial, alcantarillados, señalización, entre otras.
Al presupuesto de $us 68 millones se incorpora otros $us 6 millones para la supervisión, la fiscalización y la difusión del proyecto, con lo que la cifra sube a $us 74 millones.
Finalmente, la consultora elevó ese monto a $us 94 millones para imprevistos por posibles modificaciones al contrato (15%), Plan de Reposición de Pérdidas (PDP) y el programa de monitoreo, hallazgos fortuitos y rescate arqueológico.
Orgaz remarcó que este presupuesto final sufrió la mayor posibilidad de rebaja que permitieron las condiciones técnicas del proyecto. “No es un primer presupuesto, es el resultado de varios estudios que se hicieron conjuntamente con la ABC, de manera que lleguemos a tener un costo de lo más económico posible”, subrayó.
COMPARACIÓN DE COSTOS
Según la consultora, en el país se puede encontrar proyectos camineros con montos de entre 1 y 4 millones de dólares por kilómetro. “En Bolivia tenemos carreteras que se han hecho con 1 millón de dólares por kilómetro y también tenemos carreteras que ya están por los $us 4 millones, entonces tenemos ambos extremos y creemos que nosotros aquí hemos encontrado el valor más probable que pueda hacer que se ejecute esta obra”, enfatizó.
Agregó que por las diversas condiciones topográficas y estructurales del país, es difícil uniformizar que una carretera cueste exactamente lo mismo que otra. “Hay valores a nivel nacional e internacional que nos respaldan más o menos (sobre) cuánto podría costar, pero las condiciones particulares de un proyecto son específicas y por eso les digo que este proyecto, si lo comparamos con algunos, podrá ser más barato y con otros más caro”, subrayó.
El estudio a diseño final fijó un precio tope de $us 3,6 millones por kilómetro para la doble vía Sucre-Yamparáez.
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