El gobernador de Tarija, Adrián Oliva, dijo que el desafío es asfaltar 500 kilómetros de caminos hasta 2020 para consolidar la anhelada integración departamental.
Según la autoridad, en dos años de su mandato ya se asfaltaron 150 kilómetros y todavía faltan 350 kilómetros para llegar a la meta. Oliva proyecta el asfaltado de 500 Km hasta el 2020
Según la autoridad, en dos años de su mandato ya se asfaltaron 150 kilómetros y todavía faltan 350 kilómetros para llegar a la meta.
“Tenemos que sumar esfuerzos para lograr resultados y esperamos que las autoridades nos apoyen porque consideramos que el plan vial es un pilar fundamental para el desarrollo”, afirmó Oliva.
Actualmente se avanza en la construcción por tramos del camino al Chaco, financiado por entidades estatales dentro de su jurisdicción.
La Gobernación, a través del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) reconstruye el tramo Puerta del Chaco – Canaletas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecuta la ruta Entre Ríos – Palos Blancos, la Subgobernación de Caraparí el tramo Palos Blancos –Choere y la Subgobernación de Villa Montes impulsa la ruta Río Isiri – Central.
El Gobierno central financiará la construcción y asfaltado del tramo Choere – Acheral que completa la carretera al Chaco tras el anuncio del vicepresidente Álvaro García Linera en el acto central de los 200 años de la Batalla de La Tablada, el pasado 15 de este mes.
“La carretera al Chaco es como una herida abierta, sentimos el dolor de no poder integrarnos. Por eso tenemos que cerrar las heridas”, exclamó el Gobernador en referencia a una vinculación pendiente con esa región desde hace varios años.
Oliva encabezó una caravana de 40 vehículos que partieron el pasado martes de la ciudad de Tarija para después pasar por Entre Ríos y llegar a Villamontes, de donde continuaron a Yacuiba.
El retorno fue por Caraparí para llegar a Bermejo y concluir el recorrido en la capital tarijeña.
Thursday, April 20, 2017
Corvián Corsam Firma española dejó a 400 obreros sin sueldo
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia (Cstcb) denunció este martes que la empresa Corsán Corviam dejó sin paga a más de 400 trabajadores destinados a la construcción de la carretera San Buenaventura-Ixiamas y la hidroeléctrica Miguillas. Estimó que la deuda supera los 2 millones de bolivianos.
El secretario ejecutivo de la Cstcb, Valerio Ayaviri, señaló que los más de 400 trabajadores quedaron sin la paga del mes de marzo, así como los beneficios correspondientes por ley y los aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).
DENUNCIA
“Con relación a la empresa española, San Buenaventura - Ixiamas, los trabajadores se quedaron sorprendidos con una instructiva que sacaron de la noche a la mañana que decía que debían replegarse a sus casas, al día siguiente cerraron las oficinas y los trabajadores quedaron en la calle”, mencionó.
Ayaviri dijo que tras la reunión con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Trabajo, se optó por recurrir a las acciones legales con el fin de viabilizar la retención de pagos a la compañía española, a fin de que los trabajadores puedan cobrar lo adeudado.
ACREEDORES
Por su parte, Eduardo Rudy Barra, uno de los representantes de las pequeñas empresas prestadoras de servicio contratadas por Corsán Corviam, lamentó que la presidenta de la ABC, Noemí Villegas, les haya recomendado a través de los canales de televisión, viajar a España para entrar al sorteo de acreedores.
OBLIGACIONES
“La presidenta de la ABC quiere generalizar diciendo que somos 117 empresas, nosotros también contribuimos porque facturamos pero somos pequeños emprendedores, adeudamos al banco, pagamos y ahora que la ABC la trajo a esta empresa al país tiene mecanismos para viabilizar este tema. No nos puede decir: vayan a España y entren al concurso de acreedores”, manifestó.
El representante de los afectados dijo que los pequeños empresarios se encuentran peregrinando en busca de una solución al problema y que hasta la fecha no fueron recibidos por la presidenta de la ABC. “Si ni siquiera las puertas de la ABC están abiertas para nosotros, peor será acudir a la Embajada de España”, dijo en plena movilización frente al edificio de Comunicaciones.
Corsán Corviam se adjudicó con la ABC la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por casi 137 millones de dólares, y con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la construcción de la hidroeléctrica Miguillas por 397,9 millones de dólares. En ambos casos se confirmó el abandono de obras sin previo aviso por parte de la compañía.
El secretario ejecutivo de la Cstcb, Valerio Ayaviri, señaló que los más de 400 trabajadores quedaron sin la paga del mes de marzo, así como los beneficios correspondientes por ley y los aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).
DENUNCIA
“Con relación a la empresa española, San Buenaventura - Ixiamas, los trabajadores se quedaron sorprendidos con una instructiva que sacaron de la noche a la mañana que decía que debían replegarse a sus casas, al día siguiente cerraron las oficinas y los trabajadores quedaron en la calle”, mencionó.
Ayaviri dijo que tras la reunión con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el Ministerio de Trabajo, se optó por recurrir a las acciones legales con el fin de viabilizar la retención de pagos a la compañía española, a fin de que los trabajadores puedan cobrar lo adeudado.
ACREEDORES
Por su parte, Eduardo Rudy Barra, uno de los representantes de las pequeñas empresas prestadoras de servicio contratadas por Corsán Corviam, lamentó que la presidenta de la ABC, Noemí Villegas, les haya recomendado a través de los canales de televisión, viajar a España para entrar al sorteo de acreedores.
OBLIGACIONES
“La presidenta de la ABC quiere generalizar diciendo que somos 117 empresas, nosotros también contribuimos porque facturamos pero somos pequeños emprendedores, adeudamos al banco, pagamos y ahora que la ABC la trajo a esta empresa al país tiene mecanismos para viabilizar este tema. No nos puede decir: vayan a España y entren al concurso de acreedores”, manifestó.
El representante de los afectados dijo que los pequeños empresarios se encuentran peregrinando en busca de una solución al problema y que hasta la fecha no fueron recibidos por la presidenta de la ABC. “Si ni siquiera las puertas de la ABC están abiertas para nosotros, peor será acudir a la Embajada de España”, dijo en plena movilización frente al edificio de Comunicaciones.
Corsán Corviam se adjudicó con la ABC la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por casi 137 millones de dólares, y con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la construcción de la hidroeléctrica Miguillas por 397,9 millones de dólares. En ambos casos se confirmó el abandono de obras sin previo aviso por parte de la compañía.
sucre Consultora revela que doble vía costará $us 94 millones
Tras una serie de dudas sobre el presupuesto, la asociación accidental INIPSA-ESSIENG presentó ayer, junto con la ABC, el informe final del estudio de diseño técnico de preinversión para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, cuyo precio referencial con el que se lanzará la licitación internacional asciende a $us 94 millones.
La exposición del estudio, que fue realizada ayer en Sucre ante diversas organizaciones y profesionales, estuvo a cargo del gerente de INIPSA-ESSIENG, Jhonny Orgaz, a quien acompañó Dennis Castro de la misma consultora, además de Frany Gómez y Álvaro Meneses de parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La consultora entregó el estudio concluido a la ABC, que es la entidad contratante, en la fecha establecida por el contrato, cuyo límite era el 20 de junio de 2016, según dijo María Flores, gerente Regional de la estatal de caminos.
Explicó que desde entonces INIPSA-ESSIENG subsanó las observaciones que hicieron los especialistas de la ABC central. “Se fueron haciendo algunas correcciones, inicialmente al presupuesto que era mucho más elevado, no recuerdo el monto, pero se buscó la optimización (de gastos) para que este proyecto tenga la mayor aceptación posible por parte de cualquier financiador”, remarcó.
En Sucre, recién la semana pasada se informó sobre el estudio.
Flores consideró que la explicación que realizó la consultora “es muy clara” y mencionó que el presupuesto de construcción del proyecto responde a una evaluación de diferentes ítems que serán considerados para la construcción.
Respecto al paquete estructural, comparó que la actual vía tiene una capa sub-base de 20 centímetros, una capa base de 20 y una carpeta asfáltica de cinco centímetros, mientras que la nueva tendrá 30 de capa sub-base, 20 de capa base y 7,5 centímetros de carpeta asfáltica.
En cuanto al plazo de 28 meses, desmenuzó que la consultora consideró un plazo de 70 días calendario para la etapa de movilización de equipos, 22 meses para la construcción de la doble vía y una vez que se haga la entrega provisional correrá un plazo de seis meses para la entrega definitiva.
La consultora informó que el costo total de inversión final asciende a $us 94 millones, que engloba la construcción de infraestructura, supervisión, fiscalización, imprevistos y afectaciones.
De ese monto sólo la construcción de la doble vía demandará $us 68 millones.
Flores dijo que el estudio presentado ayer es el “oficial” y “definitivo” y ahora la ABC, a través de su oficina central que está a cargo de la evaluación del proyecto, presentará el documento al Ministerio de Obras Públicas, que a su vez remitirá el mismo al Ministerio de Planificación para la búsqueda del financiamiento comprometido por el presidente Evo Morales.
“Existe la prioridad del nivel central, tengo entendido que se va a hacer el análisis de cuál va a ser el financiador; tenemos crédito CAF, crédito BID, Banco Mundial, crédito chino, tenemos varios, y seguramente eso va a ser evaluado y se presentará al financiador competente”, enfatizó la Gerente Regional de la ABC.
Consultada sobre cuándo empezaría la construcción, Flores respondió que podría “diferirse bastante”. “Yo no podría dar un plazo estimativo ni siquiera porque son procedimientos que así como pueden durar bastante tiempo, pueden durar casi nada”, subrayó.
Sin embargo, dijo que el principal objetivo para este año será garantizar el financiador, aunque para ello todavía el estudio del proyecto tiene un requisito pendiente: la obtención del certificado de dispensación ambiental que emite el Ministerio de Medio Ambiente.
REACCIONES
Tras el informe brindado, el secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Carmelo Calvimontes, dijo que de acuerdo con las últimas normas de construcción la consultora diseñó una carretera moderna y con todos los requerimientos de seguridad.
“Para nosotros una vez que el estudio sea aprobado por la ABC será el diseño final”, dijo poco antes de que la estatal de caminos diera a conocer su visto bueno.
Calvimontes señaló que su primera impresión del informe presentado ayer es de conformidad. “Creemos que está conforme a las normativas y no es simplemente la carretera, tiene varias complementarias como pasarelas, viaductos, vacaductos, caseta de peaje, estación de pesaje y un distribuidor vial”, detalló.
Dijo que la consultora consideró un 15% más de recursos, con lo que se llega al presupuesto de $us 94 millones, para los imprevistos, algo que cualquier contrato prevé y está referido al tema de reposiciones de pérdidas por las afectaciones agrícolas y a viviendas en todo el trayecto de la carretera.
Según el informe de la consultora, el costo de la obra podría demandar una inversión de $us 2,8 millones por kilómetro cuadrado. La doble vía tendrá como punto de partida el monumento al Chiriguano, por la zona El Abra, y recorrerá 28,6 kilómetros para terminar en el municipio de Yamparáez.
Ahora que el proyecto está concluido y tiene el aval de la ABC, que siguió de cerca el proceso, la Gobernación anunció que solicitará una copia del estudio para hacer la gestión corresponde ante el Presidente, que en dos oportunidades públicamente se comprometió a conseguir financiamiento.
La Gobernación encargó a la estatal de caminos elaborar estudios de los tramos Sucre-Yamparáez, en una primera fase, y Yamparáez-Tarabuco, en una segunda, para los cuales firmó un convenio y transfirió Bs 9 millones. El primer estudio costó Bs 4,5 millones.
El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Freddy Montero, quien también participó de la presentación del informe, sostuvo que pudo percibir que este proyecto de la doble vía “es una ruta moderna porque contempla pasarelas, vacaductos, un distribuidor vial y además está acorde con la ciudad que se toma como turística”.
“Sobre el tema del costo no me animo a decir que sea elevado o no, voy a indagar los costos unitarios con otros ingenieros y a partir de ello podré identificar realmente si corresponden o no los costos, pero que es de urgente necesidad, esto yo creo que sí, debemos ejecutarlo, y hay que exigir que el Gobierno invierta así como lo hace en otros departamentos con proyectos millonarios”, enfatizó.
A su turno, el diputado opositor Horacio Poppe, uno de los más críticos con el precio de inversión que arrojó la consultora, sostuvo tras el informe que “hay muchas cosas” que no están claras.
“Hemos hecho las preguntas, no nos fueron respondidas en su totalidad, las hizo un ingeniero que me acompañaba en específico; por ejemplo, sobre el trazo que va a ocupar la carretera, no son muy explícitos al momento de exponer, pero además preguntamos algo que sí respondieron que son los volúmenes que se van a mover para poder determinar si es que hay o no sobrevaloración en el precio”, indicó.
No obstante, dijo que una posición definitiva recién podrá dar a conocer después de estudiar con más detenimiento el estudio y juzgar entonces si realmente corresponde una inversión de esta magnitud.
“Aun así lo que veo aquí es una danza de cifras, al principio se hablaba de 60 millones, después de 68, 74 y ahora 94 millones (de dólares) y en realidad no se sabe cuál es el costo que va tener esta doble vía hacia Yamparáez”, cuestionó.
Acotó que aun siendo datos referenciales para una licitación el presupuesto de $us 94 millones es demasiado caro. “Es una carretera demasiado cara y yo creo que con ese dinero que vale más que el mismo aeropuerto Alcantarí, al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla lo podíamos haber convertido en un aeropuerto tan lujoso como el de Barajas (Madrid)”, ironizó.
Relación de costos
DESCRIPCIÓN COSTO EN $US
Total costo de proyecto 68.667.991
Incluye 12 ítems
Total costo de inversión 74.432.784
Incluye supervisión, fiscalización y difusión
Total costo de inversión final 94.314.465
Incluye imprevistos por posibles modificaciones al contrato
Reposición de pérdidas
Programa monitoreo
Fuente: INIPSA-ESSIENG
Wednesday, April 19, 2017
El Gobierno rescinde el contrato con la empresa española Corsán
Los ministerios de Obras Públicas y de Energías confirmaron hoy, por separado, la decisión de rescindir los contratos suscritos con la firma española Corsán Corviam para la construcción de la carretera Ixiamas - San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas, respectivamente, además iniciaron los trámites para la ejecución de las boletas de garantía en ambos casos.
El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, explicó que mañana se ejecutarán las boletas de garantía que presentó la firma española para la construcción de la vía Ixiamas - San Buenaventura, cuyo monto asciende a 34 millones de dólares.
"El 20 de abril, según el reporte que nos dio la Administradora Boliviana de Carreteras, es decir mañana se ejecutarán las boletas, es la decisión que se ha tomado, en realidad estaba notificado con la intención y seguimos con ese trámite", informó a los periodistas.
Según Claros, la empresa tenía 15 días para retomar actividades en la obra y porque incumplió ese plazo se decidió rescindir también el contrato de construcción.
Respecto a los subcontratistas que contrató Corsán Corviam, Claros dijo que deben presentar sus denuncias y seguir el conducto regular legal para encontrar soluciones a sus demandas.
Por su parte, el ministro de Energías, Rafael Alarcón, dijo que "ya se planteó la resolución de contratos" con Corsán Corviam tras cumplirse los plazos establecidos y se enviaron las notificaciones a los bancos para hacer efectiva la ejecución de boletas que presentó la empresa.
"Ya se ha planteado la resolución de contratos, cumplidos los plazos establecidos del contrato, y se han enviado las notificaciones a los dos bancos para el cobro de las boletas", mencionó.
No obstante, señaló que esta tarde se tiene una reunión con ejecutivos de la empresa Corsán Corviam, pero es una cita "independiente" al contrato, ya que sólo se piensa escuchar las justificaciones de la firma.
Vías Bolivia instala puesto de pesaje en Chimeo
La Estación de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares de Chimeo, a 10 km del centro de Villamontes, que conecta el transporte terrestre de pasajeros y carga con Argentina, fue puesta ayer en funcionamiento por Vías Bolivia.
El servicio se encuentra en la ruta 9 del Corredor de Integración Norte-Sur, y la inauguración se realizó en el marco de los festejos del Bicentenario de la Batalla de La Tablada, el 15 de abril.
La directora general de Vías Bolivia, Mariela Mirna Zapata Gil, informó que el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) realizó la verificación metrológica (pesos y medidas), la cual certifica el correcto funcionamiento de la balanza para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga.
La estación de pesaje está equipada con dispositivos de alta tecnología: semáforos y pantallas LED, brazo electromecánico, clasificadores vehiculares y detectores de altura, además de cámaras de video-vigilancia para el control del cobro e identificación del vehículo. Cuenta con el servicio del satélite Tupac Katari.
Mientras que el puesto de control de peaje móvil Puente Ferroviario, en la comunidad Lapachal Bajo, del municipio de Villamontes, contará con el Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (Siscap), que registra la recaudación, la categoría vehicular y el destino en una base de datos y genera un boleto impreso para constancia del usuario.
El servicio se encuentra en la ruta 9 del Corredor de Integración Norte-Sur, y la inauguración se realizó en el marco de los festejos del Bicentenario de la Batalla de La Tablada, el 15 de abril.
La directora general de Vías Bolivia, Mariela Mirna Zapata Gil, informó que el Instituto Boliviano de Metrología (Ibmetro) realizó la verificación metrológica (pesos y medidas), la cual certifica el correcto funcionamiento de la balanza para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de carga.
La estación de pesaje está equipada con dispositivos de alta tecnología: semáforos y pantallas LED, brazo electromecánico, clasificadores vehiculares y detectores de altura, además de cámaras de video-vigilancia para el control del cobro e identificación del vehículo. Cuenta con el servicio del satélite Tupac Katari.
Mientras que el puesto de control de peaje móvil Puente Ferroviario, en la comunidad Lapachal Bajo, del municipio de Villamontes, contará con el Sistema de Cobro Automatizado de Peaje (Siscap), que registra la recaudación, la categoría vehicular y el destino en una base de datos y genera un boleto impreso para constancia del usuario.
Tuesday, April 18, 2017
ABC pide a contratistas viajar a España por deudas de Corsán
La presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Noemí Villegas, invitó a los subcontratistas que prestaron herramientas y servicios a la empresa española Corsán Corviam a viajar a España para que puedan participar del preconcurso de acreedores al que esa firma se somete.
"Ellos pueden ir a España y participar del preconcurso de acreedores, que es una formalidad que está presentando la empresa para poder cumplir los pagos que tiene con ellos (los acreedores)”, explicó la autoridad en una entrevista realizada por el canal Unitel.
Los perjudicados rechazaron la oferta y buscan reunirse con la autoridad para hacer conocer sus demandas y preocupaciones.
Villegas sostuvo que el plazo de la empresa para reanudar las obras en la carretera finaliza el 20 de abril, de lo contrario se procederá con la ejecución de las boletas de garantía, que ascienden a 33 millones de dólares.
A finales de marzo, Isolux Corsán, casa matriz de Corsán Corviam, acordó acogerse al preconcurso de acreedores para contar con un margen de cuatro meses para negociar con los bancos una inyección de capital de unos 400 millones de euros (425 millones de dólares) que garantice la viabilidad de la compañía y, en último término, evite su concurso.
Los proveedores de Isolux Corsán en España se han agrupado en una plataforma para presionar a la constructora ante los "continuados impagos de las facturas”, que en algunos casos superan un año de retraso, reportó el pasado 31 de marzo el portal eleconomista.es; por otra parte, algunos de los afectados denunciaron que la empresa realizó pagos falsos a proveedores para liberar mercancías retenidas.
Corsán Corvian dejó el país a finales del mes pasado y abandonó los trabajos del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura. En esta última obra, mantiene una deuda de entre 60 y 80 millones de bolivianos con alrededor de 120 contratistas.
El subcontratista Eduardo Barra dijo que viajar a España está fuera del alcance del grueso de los afectados, que en su mayoría son micro y pequeños empresarios, a quienes se les adeuda por seis meses de trabajo.
"Muchos de nosotros apenas podemos pagar un abogado, es imposible que podamos ir a España a participar de este proceso que nos supondría gastos muchísimo mayores a la deuda”, remarcó.
La mañana de ayer, un grupo de subcontratistas protagonizó una marcha en puertas de ABC solicitando una reunión con Villegas.
"La presidenta nos pide que contratemos abogados, que viajemos a España, nosotros queremos reunirnos con ella para poder plantearle nuestra situación, pero ella se resiste a recibirnos”, acotó.
Los afectados además denuncian que su maquinaria y herramientas se encuentran secuestradas en los campamentos, debido a que el control social de las comunidades mantiene estos lugares cerrados en espera de la reanudación de las obras. "No sólo no nos han pagado, sino que no podemos reanudar nuestras actividades porque el control social no dejará salir ni un alfiler de los campamentos hasta que se retome la obra”.
Barra dijo que son 10.000 familias afectadas por deudas que dejó Corsán Corviam en la vía Ixiamas-San Buenaventura.
Los antecedentes
Obras La empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, se adjudicó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por 136,9 millones de dólares. Presentó boletas de garantía por 235,6 millones de bolivianos, vigentes hasta 2019.
Hidroeléctrica En 2014 la compañía extranjera también se adjudicó la construcción de la hidroeléctrica de Miguillas por 397,9 millones de dólares. Sus boletas de garantía ascienden a los 177 millones de dólares.
Proceso De acuerdo con investigaciones periodísticas publicada en medios españoles, la casa matriz de Corsán Corviam, Isolux, es investigada en al menos 13 países por pago de sobornos, uso de influencias y retrasos en sus obras.
Morales afirma que abandono hace perder el tiempo al Estado
El presidente, Evo Morales, afirmó ayer en una conferencia de prensa que el abandono de obras por parte de la empresa Corsán Corviam no genera un daño económico al Estado, sin embargo, representa una pérdida de tiempo que retrasará la entrega de las obras.
"El Estado, ni el tema de hidrocarburos ni en el tema de construcción de caminos va a perder económicamente, pero sí vamos a perder tiempo en encontrar a otras empresas vamos a perder el tiempo”, lamentó Morales.
Por otra parte, el mandatario informó que se procederá a ejecutar las boletas de garantía de la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, consorcio que abandonó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas, en el departamento de La Paz.
La empresa española se fue del país a principios de mes y dejó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas. La primera obra tiene un costo de 136,9 millones de dólares y la segunda de 397,5 millones de dólares.
El ministro de Energías, Rafael Alarcón, señaló días después que el Gobierno tenía la intención de ejecutar las boletas de garantía por la construcción de la hidroeléctrica, ya que la empresa presentaba serios retrasos y había abandonado la obra, si la misma no reanudaba los trabajos para el 16 de abril.
Estas boletas ascienden a 117 millones de dólares.
En el caso de la carretera, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, Noemí Villegas, confirmó el abandono de las obras y dio a la empresa un plazo de 15 días para retomar los trabajos, plazo que se cumple este jueves, de lo contrario se tomarían acciones legales.
Esto incluyen la resolución del contrato, cobro de multas y de las boletas de garantía por 33 millones de bolivianos.
La empresa española tiene presencia en 35 países y emplea a 5.236 trabajadores. Sin embargo, tiene observaciones en proyectos que se adjudicó en países de África, Asia y Latinoamérica.
Senador denuncia posible tráfico de influencias
El senador opositor Yerko Núñez (UD) denunció ayer un presunto tráfico de influencias y corrupción de la empresa española Corsán Corviam, en la adjudicación de la construcción de la hidroeléctrica Miguillas. El legislador indicó que ya se envió la información correspondiente al Ministerio Público.
"Queremos hacer pública una denuncia de posible tráfico de influencia y corrupción que sucede en el país de parte de la empresa Corsán, que tiene cuatro obras adjudicadas en el país, dos que fueron concluidas, pero que se caen a pedazos y dos que abandonó”, señaló.
El legislador explicó que en 2016 se conoció que el contrato de prestación de servicios que firma el grupo de abogados Torres Bejarano y Asociados y la empresa Corsán establecía que si la española se adjudicaba el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, cuyo costo es de 397,9 millones de dólares, entregaría 3,5%, equivalente a 13,5 millones de dólares a los abogados.
Dijo que se pidió los antecedentes de las dos personas que firman el documento y se observó que tanto el abogado como el director de la empresa Corsán tienen tres procesos penales.
También se detectó que la empresa española incumplió con ese bufete de abogados y, por tanto, se estableció un proceso por estafa.
Según Núñez, con ese proceso se pretende conocer cuáles son las conexiones que tiene el grupo de abogados con algunos ministerios, tomando en cuenta que una de las cláusulas del convenio habla de usar "sus contactos para la adjudicación”.
Corsán Corviam abandonó la construcción de la planta hidroeléctrica de Miguillas, razón por la que se advirtió que se ejecutarán las boletas de garantía si no retoma el cronograma de trabajo.
"Ellos pueden ir a España y participar del preconcurso de acreedores, que es una formalidad que está presentando la empresa para poder cumplir los pagos que tiene con ellos (los acreedores)”, explicó la autoridad en una entrevista realizada por el canal Unitel.
Los perjudicados rechazaron la oferta y buscan reunirse con la autoridad para hacer conocer sus demandas y preocupaciones.
Villegas sostuvo que el plazo de la empresa para reanudar las obras en la carretera finaliza el 20 de abril, de lo contrario se procederá con la ejecución de las boletas de garantía, que ascienden a 33 millones de dólares.
A finales de marzo, Isolux Corsán, casa matriz de Corsán Corviam, acordó acogerse al preconcurso de acreedores para contar con un margen de cuatro meses para negociar con los bancos una inyección de capital de unos 400 millones de euros (425 millones de dólares) que garantice la viabilidad de la compañía y, en último término, evite su concurso.
Los proveedores de Isolux Corsán en España se han agrupado en una plataforma para presionar a la constructora ante los "continuados impagos de las facturas”, que en algunos casos superan un año de retraso, reportó el pasado 31 de marzo el portal eleconomista.es; por otra parte, algunos de los afectados denunciaron que la empresa realizó pagos falsos a proveedores para liberar mercancías retenidas.
Corsán Corvian dejó el país a finales del mes pasado y abandonó los trabajos del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura. En esta última obra, mantiene una deuda de entre 60 y 80 millones de bolivianos con alrededor de 120 contratistas.
El subcontratista Eduardo Barra dijo que viajar a España está fuera del alcance del grueso de los afectados, que en su mayoría son micro y pequeños empresarios, a quienes se les adeuda por seis meses de trabajo.
"Muchos de nosotros apenas podemos pagar un abogado, es imposible que podamos ir a España a participar de este proceso que nos supondría gastos muchísimo mayores a la deuda”, remarcó.
La mañana de ayer, un grupo de subcontratistas protagonizó una marcha en puertas de ABC solicitando una reunión con Villegas.
"La presidenta nos pide que contratemos abogados, que viajemos a España, nosotros queremos reunirnos con ella para poder plantearle nuestra situación, pero ella se resiste a recibirnos”, acotó.
Los afectados además denuncian que su maquinaria y herramientas se encuentran secuestradas en los campamentos, debido a que el control social de las comunidades mantiene estos lugares cerrados en espera de la reanudación de las obras. "No sólo no nos han pagado, sino que no podemos reanudar nuestras actividades porque el control social no dejará salir ni un alfiler de los campamentos hasta que se retome la obra”.
Barra dijo que son 10.000 familias afectadas por deudas que dejó Corsán Corviam en la vía Ixiamas-San Buenaventura.
Los antecedentes
Obras La empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, se adjudicó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura por 136,9 millones de dólares. Presentó boletas de garantía por 235,6 millones de bolivianos, vigentes hasta 2019.
Hidroeléctrica En 2014 la compañía extranjera también se adjudicó la construcción de la hidroeléctrica de Miguillas por 397,9 millones de dólares. Sus boletas de garantía ascienden a los 177 millones de dólares.
Proceso De acuerdo con investigaciones periodísticas publicada en medios españoles, la casa matriz de Corsán Corviam, Isolux, es investigada en al menos 13 países por pago de sobornos, uso de influencias y retrasos en sus obras.
Morales afirma que abandono hace perder el tiempo al Estado
El presidente, Evo Morales, afirmó ayer en una conferencia de prensa que el abandono de obras por parte de la empresa Corsán Corviam no genera un daño económico al Estado, sin embargo, representa una pérdida de tiempo que retrasará la entrega de las obras.
"El Estado, ni el tema de hidrocarburos ni en el tema de construcción de caminos va a perder económicamente, pero sí vamos a perder tiempo en encontrar a otras empresas vamos a perder el tiempo”, lamentó Morales.
Por otra parte, el mandatario informó que se procederá a ejecutar las boletas de garantía de la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, consorcio que abandonó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas, en el departamento de La Paz.
La empresa española se fue del país a principios de mes y dejó la construcción de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica Miguillas. La primera obra tiene un costo de 136,9 millones de dólares y la segunda de 397,5 millones de dólares.
El ministro de Energías, Rafael Alarcón, señaló días después que el Gobierno tenía la intención de ejecutar las boletas de garantía por la construcción de la hidroeléctrica, ya que la empresa presentaba serios retrasos y había abandonado la obra, si la misma no reanudaba los trabajos para el 16 de abril.
Estas boletas ascienden a 117 millones de dólares.
En el caso de la carretera, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, Noemí Villegas, confirmó el abandono de las obras y dio a la empresa un plazo de 15 días para retomar los trabajos, plazo que se cumple este jueves, de lo contrario se tomarían acciones legales.
Esto incluyen la resolución del contrato, cobro de multas y de las boletas de garantía por 33 millones de bolivianos.
La empresa española tiene presencia en 35 países y emplea a 5.236 trabajadores. Sin embargo, tiene observaciones en proyectos que se adjudicó en países de África, Asia y Latinoamérica.
Senador denuncia posible tráfico de influencias
El senador opositor Yerko Núñez (UD) denunció ayer un presunto tráfico de influencias y corrupción de la empresa española Corsán Corviam, en la adjudicación de la construcción de la hidroeléctrica Miguillas. El legislador indicó que ya se envió la información correspondiente al Ministerio Público.
"Queremos hacer pública una denuncia de posible tráfico de influencia y corrupción que sucede en el país de parte de la empresa Corsán, que tiene cuatro obras adjudicadas en el país, dos que fueron concluidas, pero que se caen a pedazos y dos que abandonó”, señaló.
El legislador explicó que en 2016 se conoció que el contrato de prestación de servicios que firma el grupo de abogados Torres Bejarano y Asociados y la empresa Corsán establecía que si la española se adjudicaba el Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, cuyo costo es de 397,9 millones de dólares, entregaría 3,5%, equivalente a 13,5 millones de dólares a los abogados.
Dijo que se pidió los antecedentes de las dos personas que firman el documento y se observó que tanto el abogado como el director de la empresa Corsán tienen tres procesos penales.
También se detectó que la empresa española incumplió con ese bufete de abogados y, por tanto, se estableció un proceso por estafa.
Según Núñez, con ese proceso se pretende conocer cuáles son las conexiones que tiene el grupo de abogados con algunos ministerios, tomando en cuenta que una de las cláusulas del convenio habla de usar "sus contactos para la adjudicación”.
Corsán Corviam abandonó la construcción de la planta hidroeléctrica de Miguillas, razón por la que se advirtió que se ejecutarán las boletas de garantía si no retoma el cronograma de trabajo.
Denuncian a bolivianos y chinos por no tener título
Cuatro personas que trabajan en la supervisión de la construcción de la carretera Padilla – El Salto fueron denunciadas ante el Ministerio Público por supuesto ejercicio indebido de la profesión.
Ayer por la mañana, el diputado por la circunscripción 1 del PDC, Horacio Poppe, presentó una denuncia contra cuatro personas, dos bolivianas y dos de nacionalidad china, que estarían ejerciendo como ingenieros sin serlo.
En el documento, denunció a Y. X. y H. B. por ejercer el cargo de superintendentes de obras en la empresa china Sinohydro, que construye la ruta Padilla – El Salto, cuando su profesión es técnico superior en construcción civil y no así ingeniero civil.
Como prueba, el parlamentario presentó la certificación que entregó la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) a los dos súbditos, que es la licencia de registro para profesionales extranjeros, que confirma su grado de formación como técnicos.
La denuncia se amplió a los bolivianos R.B. y J. M., que estarían firmando los informes de la supervisión de la obra cuando no cuentan con el título de ingeniero civil, aseguró.
“Recibimos las denuncias cuando fuimos a una inspección en pasadas semanas, lo que está pasando nos parece grave y el Ministerio Público tiene que investigar por el presunto delito de ejercicio indebido de la profesión y encubrimiento”, manifestó Poppe.
Este medio escrito intentó tener una contraparte de parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero la Gerente regional se encontraba en reuniones.
Ayer por la mañana, el diputado por la circunscripción 1 del PDC, Horacio Poppe, presentó una denuncia contra cuatro personas, dos bolivianas y dos de nacionalidad china, que estarían ejerciendo como ingenieros sin serlo.
En el documento, denunció a Y. X. y H. B. por ejercer el cargo de superintendentes de obras en la empresa china Sinohydro, que construye la ruta Padilla – El Salto, cuando su profesión es técnico superior en construcción civil y no así ingeniero civil.
Como prueba, el parlamentario presentó la certificación que entregó la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) a los dos súbditos, que es la licencia de registro para profesionales extranjeros, que confirma su grado de formación como técnicos.
La denuncia se amplió a los bolivianos R.B. y J. M., que estarían firmando los informes de la supervisión de la obra cuando no cuentan con el título de ingeniero civil, aseguró.
“Recibimos las denuncias cuando fuimos a una inspección en pasadas semanas, lo que está pasando nos parece grave y el Ministerio Público tiene que investigar por el presunto delito de ejercicio indebido de la profesión y encubrimiento”, manifestó Poppe.
Este medio escrito intentó tener una contraparte de parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), pero la Gerente regional se encontraba en reuniones.
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