La rescisión de los contratos con la empresa española Corsán Corviam para la construcción del tramo carretero Ixiamas-San Buenaventura y la edificación de la hidroeléctrica Miguillas, con la consecuente ejecución de las boletas de garantía, en ambos casos por incumplimiento de compromisos en el avance de dichos proyectos con el Estado bolivianos, ha dejado al descubierto una escasa labor de control y fiscalización de parte del Estado y Gobierno nacional.
"Lo que ha fallado aquí es la fiscalización", dice de manera contundente el economista Julio Alvarado. El experto remarca que para ejercer control y fiscalización, no se necesitan leyes sino hacer cumplir las normas. "Eso significa que cuando se contrata, primero hay que verificar si se tratan de empresas serias. Lamentablemente, mientras siga este proceso del gobierno de Evo Morales, donde se contratan empresas de dudosa reputación, entonces vamos a tener estos problemas", precisó.
Medidas preventivas. Pocos días después que estalló el caso Corsán, la Cámara de Senadores anunció la emisión de una minuta de comunicación dirigida a todas las empresas públicas, para que verifiquen que las firmas aspirantes a adjudicarse un contrato tengan los equipos y maquinarias para encarar el proyecto. "Es la única manera de evitar posibles estafas", informó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar.
Según el economista, Roberto Laserna, el hecho de que las autoridades del Senado se vean en la necesidad de emitir una instructiva de esa naturaleza a las empresas públicas del Estado, confirma la escasa labor de control y fiscalización que se ha tenido con respecto a la adjudicación de obras y proyectos.
"Lo que está haciendo el Senado es poner en evidencia un hecho irregular en la administración pública. Mientras mayor es la cantidad de dinero en juego, mayor es la preocupación. Con esto se identifica un problema muy serio en las empresas públicas, donde se ha contratado empresas por invitación directa, decretos por excepción, sin la correspondiente fiscalización", señaló Laserna.
Casos preocupantes. El caso Corsán no es el único donde se han ejecutado las boletas de garantía, de proyectos millonarios.
Para citar algunos ejemplos recientes se tiene la construcción del ferrocarril Montero-Bulo Bulo, cuyos dos tramos adjudicados el 2013 a empresas Chinas (CAMC y Railway), resultaron siendo un fracaso por lo que se le ejecutaron sus boletas.
Lo mismo sucedió, con la adjudicación de la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní, cuya empresa Tradeco de México, fue alejada y ejecutada sus boletas el 2015. “Ellos pretenden durante la ejecución de que el Gobierno pueda incrementar o plantear órdenes de cambio, aumentando presupuesto. Esas maniobras no son posibles, vamos a tomar recaudos”, precisó en su momento, Milton Claros, ministro de Obras Públicas.
Mucho antes, se ejecutaron las boletas de la firma Jindal, aduciendo que había incumplido compromisos de inversión en el Mutún, anhelado proyecto siderúrgico que hoy sigue sin despegar.
Aguilar argumentó que en muchos casos se vio que hay empresas que subcontratan hasta por el 100% trabajos de construcción, por tanto, solo se convierten en administradores del contrato y solo pagan 20 o máximo hasta el 40% de los precios totales de la adjudicación a los subcontratados.
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