Por lo menos 110 empresas subcontratadas fueron afectadas con el abandono que hizo la empresa española Corsán Corviam, en la construcción de la carretera Ixiamas - San Buenaventura. Actualmente se encuentran en emergencia y no saben quién pagará por los servicios que prestaron.
"Hay más de 110 empresas afectadas por este tema, no sé si llamarle estafa de la empresa española que abandonó el proyecto. Yo soy de base y estamos esperanzados de que salga alguna cosa positiva y se pueda resolver este problema, que siempre existe, pero no de esta magnitud", manifestó Miguel Chambi, propietario de una microempresa de alquiler de maquinaria.
Al igual que él, un centenar de personas realizaron una reunión de emergencia la tarde de ayer tras protagonizar una movilización para exigir una explicación a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Se trata de gente dedicada a distintos rubros como el alquiler de vehículos, maquinaria pesada, servicios de alimentación, transporte, venta de ropa de trabajo, entre otros.
"Se pidió una reunión informativa para ver quién asumirá la responsabilidad para resolver el problema económico de todos los prestadores de servicio. Pensábamos que era la ABC la instancia correspondiente, sin embargo, nos han marginado, no nos han tomado en cuenta algunas autoridades y a las reuniones no nos han permitido ingresar y eso causó molestia en todos los compañeros", dijo Chambi.
En la asamblea se encontraban varios afectados junto a autoridades de las localidades de Tumupaza, San Buenaventura, así como representaciones sindicales.
Durante la sesión, el sector expresó su preocupación ante la posibilidad de no recuperar el dinero invertido por sus microempresas, ya que habían sido anoticiados de que la misma ABC confirmó que la empresa Corsán Corviam había abandonado la obra, cuya inversión está valuada en al menos 136,9 millones de dólares.
Pese a que existe la conminación para que Corsán Corviam retorne a los trabajos, en un plazo de 15 días, anunciando ejecución de boletas de garantía y un proceso legal por el caso, las empresas subcontratadas aseguran que el problema podría resolverse en mucho tiempo y que no estarían en condiciones de soportar esta situación.
Por ello, decidieron enviar cartas dirigidas a las autoridades gubernamentales para organizar una reunión para la próxima semana antes de proponer movilizaciones en La Paz.
"Se entiende que se deben agotar las cosas por el medio legal y con la representación de las organizaciones sociales y la autoridades correspondientes. Este parece el inicio de una lucha y no sabemos en qué tiempo va a terminar, ojalá pueda ser entre el lunes y martes", agregó Chambi.
Por su parte, el alcalde de San Buenaventura, Javier Delgado, manifestó su preocupación por dos aspectos: el pago de las deudas a los microempresarios y la culminación de la carretera.
"Necesitamos asegurar que la obra no se paralice y que va a continuar. Eso implica que podamos utilizar lo que ahora tenemos allá y estas son las empresas que han estado trabajando, y por otro lado el pago de las deudas que está ligado al sufrimiento que están viviendo las familias de San Buenaventura y la región", indicó.
La autoridad dijo que Corsán Corviam solo era una administradora del proyecto y de los recursos, ya que "no tiene ni una camioneta propia, hasta las camionetas que tiene son alquiladas".
"¿Cómo una empresa internacional va a poder ejecutar un trabajo? Obviamente, se ha respaldado en las empresas subcontratistas y estas han ejecutado el trabajo hasta la fecha, el 30 por ciento del avance es gracias a ellos", dijo.
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