El asesor legal de la empresa, Jorge Iriarte, responsabilizó al municipio de no haber presentado dentro los plazos previstos la documentación requerida para el peritaje de la obra, que se encuentra cerrada desde hace más de cuatro meses, al igual que el paso a desnivel de la avenida Panamericana.
“La Alcaldía ha sido conminada a entregar documentación para la pericia y no la entregó. Queremos denunciar una confabulación a la empresa Álvarez”, afirmó Iriarte, en conferencia de Prensa.
Según declaraciones de Iriarte, la demanda que presentó la empresa ante la Fiscalía de Distrito es contra el alcalde José María Leyes por incumplimiento de deberes formales y la Contraloría por haber difundido supuesta información imprecisa donde responsabiliza a la Constructora Álvarez de haber generado un daño económico de 11.375.000 millones de bolivianos.
“Son declaraciones irresponsables porque no hubo ningún tipo de informe definitivo, estamos esperando los resultados de la pericia”, argumentó.
Por su parte, el gerente de la empresa, Francisco Álvarez, dijo que existen intereses oscuros detrás de este caso asegurando que habría cierta complicidad entre la Alcaldía y los peritos que investigan el colapso porque las pruebas de laboratorio se realizan en el municipio, además de reuniones conjuntas que llaman a la susceptibilidad. Rechazó las intenciones de demoler toda la infraestructura.
“Cómo es posible que digan que hay que demoler todo el puente, si se puede reparar la plataforma”, indicó.
Al respecto, el asesor legal de la Alcaldía de Cercado, Sergio Coca, rechazó las declaraciones y ratificó que el municipio continuará sosteniendo la demanda que inició contra exautoridades y la empresa Álvarez por el colapso del puente. Reiteró que se procederá a la demolición total de la obra y ya no se edificará otra.
“La empresa tiene que asumir su responsabilidad, el puente se tiene que demoler con el aval del Concejo Municipal”, declaró.
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