“Esperamos que la auditoría esté adjudicada para la tercera semana de enero. Nos damos cuenta del perjuicio y queremos acelerar lo más posible”, agregó Pol.
Señaló que el objetivo de esta auditoría es hacer énfasis en las causas y aspectos técnicos del colapso del puente, a diferencia de la auditoría administrativa que realiza la Contraloría y el peritaje del Ministerio Público.
Para la auditoría se destinará 300.000 bolivianos. La empresa a ser contratada también evaluará el puente gemelo de la República que está cerrado.
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