El Gobierno español, a través de su embajador Ángel Vázquez, deslindó responsabilidades sobre el abandono del país de la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, la cual dejó dos obras inconclusas y abandonó el mantenimiento de otras dos el pasado 31 de marzo.
"Isolux es una empresa privada y por lo tanto es la única responsable de sus negocios y sus actos. Nosotros no podemos más que lamentar que el resultado de su presencia en Bolivia sea el que todos conocemos”, sostuvo el diplomático ayer.
Por otra parte, indicó que es responsabilidad de los acreedores de la empresa buscar el pago de las deudas por medio de los canales existentes.
"Es la propia empresa la que debe resolver sus problemas, son sus acreedores los que tienen que dirigirse a la empresa para obtener satisfacción de sus deudas y para eso existen mecanismos jurídicos”, subrayó.
Según Vázquez, al conocerse del abandono de la empresa, la embajada buscó mediar entre las partes y que la empresa y el Gobierno dialoguen. Más allá de eso, es responsabilidad de los socios llegar a un acuerdo.
"En mi calidad de embajador, en su momento, cuando estalló este conflicto, hice ciertas labores de mediación con la empresa para lograr un acercamiento, diálogo o negociación. Fruto de esto, Isolux emitió un comunicado en el cual explicaba las razones para haber abandonado el país”, explicó.
Por otra parte, el diplomático remarcó que el incidente ocurrido con Isolux no afectará las inversiones que ejecutan otras empresas españolas en el país.
"La vida de las empresas muchas veces tiene altas y bajas y lo que pasó con Isolux, problemas financieros y de sostenibilidad, no implica en ningún caso que otras empresas españolas que están presentes en Bolivia tengan problemas y no cumplan perfectamente con sus contratos a plena satisfacción de su cliente”, aclaró el diplomático.
Obligaciones
El pasado 31 de marzo, la empresa española Corsán Corviam, filial de Isolux Corsán, abandonó las obras de la carretera Ixiamas- San Buenaventura con un 25% de avance y habiendo cobrado por ello 49 millones de dólares de un contrato por 137 millones de dólares.
Al marcharse, la empresa dejó una deuda de 80 millones de bolivianos con cerca de un centenar de subcontratistas a los cuales empleó para la construcción de la carretera.
Paralelamente, la empresa también abandonó las obras del Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, con un avance del 7%, según fuentes oficiales. Así como también las obras de mantenimiento de la carretera Yucumo- Quiquibey y del tramo dos de la doble vía La Paz-Oruro.
El Gobierno ejecutó las boletas de garantía presentadas por la empresa española.
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