Los exfuncionarios de la Alcaldía de Cercado, implicados en el colapso del paso a desnivel de la avenida 6 de Agosto e Independencia, recibieron hoy medidas sustitutivas tras la conclusión de su audiencia de medidas cautelares en el Ministerio Público de Cochabamba.
El exalcalde Edwin Castellanos recibió la imposición de una multa de 50 mil bolivianos, además de arraigo y la orden de la juez para presentarse cada lunes para firmar el libro de asistencia ante el Ministerio Público.
Por otro lado, el exfuncionario de la alcaldía, Nelson Vega, quien se encargó del diseño y la supervisión del puente, deberá asumir una detención domiciliaria, arraigo y cancelar una fianza de 70 mil bolivianos.
Víctor Hugo Álvarez, gerente de la empresa ejecutora de la obra, deberá presentarse cada lunes al Ministerio Público ya que se determinó arraigo para su persona y una fianza de 50 mil bolivianos.
Entretanto, el exoficial de Infraestructura, Sergio Rodríguez y Osvaldo Delgadillo, exoficial Financiero, deberán apersonarse al Ministerio Público cada lunes y asumir una fianza de 50 mil bolivianos cada uno.
Al respecto, el asesor legal de la Alcaldía, Sergio Coca, manifestó su disconformidad con la decisión asegurando que no se está responsabilizando a los exfuncionarios conforme a ley.
“Por un daño de 14 millones de bolivianos dictan prácticamente libertad para los implicados. La juez nos ha dejado con sabor a poco. No tenemos responsables por este puente colgante, se les ha impuesto unas medidas sustitutivas que no tienen ninguna relación con lo que hemos fundamentado y lo único que nos queda es apelar”, expresó Coca.
Por su parte, el abogado de la empresa constructora, Jorge Iriarte, aseguró que la juez “no realizó las valoraciones adecuadas” al haber dictado medidas sustitutivas para todos los implicados. A su parecer los responsables son los exfuncionarios y no la ejecutora de la obra.
“El ingeniero Álvarez tiene derecho a gozar de libertad irrestricta, evidentemente está en libertad pero en laguna medida se restringen sus derechos constitucionales estando bajo la aplicación de medidas cautelares y eso restringe la libertad (…) esta situación va a ser objeto de apelación”, informó Iriarte.
Finalmente, Rodríguez aseguró que su situación jurídica es delicada y que analizará la apelación ya que a su parecer no se estaría realizando una investigación adecuada para encontrar a los “verdaderos” responsables del hundimiento de la obra.
La estructura colapsó el pasado 22 de octubre de 2015 y desde entonces ha estado cerrada perjudicando la circulación de motorizados y peatones, lo que generó constantes protestas de vecinos y transportistas que hasta el día de hoy persisten.
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